Al mediodía del 12 de abril de 2010, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) invadieron el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en persecución de un oficial de Seguridad y Tránsito, sospechoso de casos de corrupción (el cual fue liberado el día siguiente sin cargos comprobados).El despliegue estaba conformado aproximadamente por 70 oficiales del OIJ armados con chalecos antibalas, acompañados de la Fuerza Pública que ingresaron en vehículos por las zonas verdes, violentando las agujas de seguridad vehicular y cercando el Edificio de Residencias Estudiantiles.
La forma en que esta acción se llevó a cabo nos hace pensar en una clara provocación de parte de los organismos policiales, quienes no coordinaron (procedimiento que se ha realizado siempre que algún órgano policial del Estado a requerido ingresar a la institución) de ninguna forma con la Sección de Seguridad y Transito, ni con ninguna otra autoridad Universitaria competente.

La autonomía de la Universidad de Costa Rica está amparada en el artículo 84 de la Constitución Política, no está limitada al mero ejercicio libre e independiente de la docencia (eso es libertad de cátedra), se trata de independencia de sus funciones, que incluyen la autonomía financiera, administrativa yestructura de gobierno. Sin embargo, las declaraciones de altos funcionarios públicos como el director del OIJ y el Fiscal General de la República, nos indica que existe una clara intención de limitar descaradamente la autonomía universitaria, hecho que solo ocurre en dictaduras militares o Golpes de Estado.

Es importante entender esta acción ilegitima e ilegal dentro del contexto político, social y económico en el que se ve inmersa la Universidad de Costa Rica. Esta Institución, a través del Consejo Universitario se ha pronunciado críticamente sobre numerosas políticas ambientales, sociales y educativas perjudiciales para las mayorías de nuestro país. Los más importantes han sido: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, su Agenda de implementación, minería a cielo abierto en Crucitas, expansión piñera, acueducto de sardinal, desarrollo turístico inmobiliario en la Zona Sur, muelles de Limón y el Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

Por estas razones consideramos que lo ocurrido el lunes en el campus universitario no fue algo casual, tenía la intención política de tratar de intimidar y amedrentar a las trabajadoras y trabajadores, docentes, estudiantes y dirigencia sindical de nuestra Universidad, esta vez con brutalidad policial, violentando nuestro quehacer diario, actitud típica de regímenes autoritarios. El saldo de dicha actitud comprometida y ética con la libertad de pensamiento y autonomía universitaria, fue de personas detenidas, palizas, arrestos y formulación de causas penales por resistencia agravada a cinco personas.

Este es otro acto más de criminalización de la protesta social de cientos de personas ambientalistas, sindicalistas, educadores (as) y estudiantes alrededor del país en legítima defensa de sus derechos democráticos y a su integridad física y mental. Uno de los casos más representativos en estos mismos días ha sido el de los cientos de trabajadores(as) de JAPDEVA, quienes han sido intimidados(as), perseguidos(as) y violentados por el gobierno.
Por otra parte, la provocación y brutalidad ocurrida el lunes, buscan dañar y perjudicar la imagen de la Universidad ante la sociedad costarricense, apoyado cínicamente por los grandes medios de comunicación radial, escrita y televisiva. Al ser la UCR la institución que goza de más confianza por parte de la ciudadanía costarricense es estratégico para este gobierno crear una campaña de desprestigio hacia la institución para deslegitimar las voces críticas que se levantan desde nuestro campus contra el modelo político-económico que se viene implantando en Costa Rica en los últimos 30 años y profundizado radicalmente por este gobierno.
Ante estos hechos llamamos a la solidaridad de todos los sectores sociales con la comunidad universitaria del país y a participar de todas las actividades y acciones que emprenderemos para que se respete nuestra autonomía y derecho legítimo a la defensa del pensamiento libre y crítico y para que los hechos de brutalidad y cobardía policial no queden impunes, ni se olviden.
A la vez nos solidarizamos con todos aquellos sectores que enfrentan luchas por la defensa de sus territorios y por la defensa del patrimonio nacional, como la lucha en Sardinal, en Crucitas, Matapalo, zonas costeras, contra el desarrollo turístico e inmobiliario en Osa, la autonomía de los territorios indígenas y muy especialmente con la lucha contra la privatización de los muelles en Limón y por la autonomía sindical.
Proyecto Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica