Escrito por David Chavarría Hernández en semanario.ucr.ac.cr
En la demanda presentada contra Nicaragua ante la Corte Internacional de La Haya, el gobierno costarricense denunció el impacto del dragado del río San Juan sobre el Humedal Caribe Norte ubicado en la zona de isla Calero. El entonces canciller y actual Ministro de Ambiente, René Castro, señaló la falta de conciencia del gobierno nicaragüense sobre la importancia de los humedales.
Desde ese momento, la protección del humedal Caribe Norte es el mayor argumento en defensa de la soberanía costarricense sobre el territorio de isla Calero.
Pero esa posición podría venirse abajo si revisamos la situación de algunos otros humedales en el territorio nacional, y las acciones que el Estado ha promovido en su defensa.
Ya que entre concesiones para la explotación de gas natural y petróleo, expansión piñera, proyectos mineros, desarrollo inmobiliario insostenible y construcción de megaproyectos como terminales portuarias, marinas y aeropuertos internacionales, los humedales podrían extinguirse; según lo concluyen ambientalistas, que analizan para UNIVERSIDAD la situación de estas categorías de conservación, a un año del litigio fronterizo con Nicaragua.
Mauricio Álvarez, docente de la Universidad de Costa Rica y coordinador del programa de Kioscos Ambientales, considera que el país en las denuncias contra Nicaragua se ha valido de su buena legitimidad internacional en materia ambiental, pero sin que esto se refleje en las acciones concretas: “el Gobierno tiene la misma política de Nicaragua, de impulsar megaproyectos en humedales, realmente el tema ambiental fue una excusa en este caso”.
“A mí en lo personal me hace gracia ver al Gobierno tan ufano en la protección del humedal en Calero, cuando no ha mostrado el más mínimo interés en aumentar el proceso de conservación de humedales que han sido tan deteriorados”, cuestionó Jorge Lobo Segura, investigador de la Escuela de Biología y catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Randall Arauz, presidente de la Organización No Gubernamental Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), comentó: “si bien es cierto Calero es un humedal muy importante y hay que luchar porque este mantenga su rol, pero también quisiéramos ver al Estado comprometido con los demás humedales”.
Por su parte, la viceministra de Ambiente, Ana Lorena Guevara, defendió la labor del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET): “el tema aquí tiene que ver con la carencia del recurso humano para salvaguardar las áreas silvestres protegidas de nuestro territorio”.
En el país existen alrededor de 941 humedales, que en total cubren aproximadamente un 7% del territorio nacional; solamente 350 son reconocidos con alguna categoría de manejo de áreas silvestres protegidas, y de estos al menos once -debido a su importancia- se han identificado como “Sitios Ramsar”.
Si hacemos una breve revisión de la problemática actual de algunos de los principales humedales en el país, encontramos que la mayoría se encuentran bajo algún grado de amenaza.
Uno de los casos que mayor eco ha tomado es el Humedal de playa Caletas, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas Arío; y que desde el año 2007 se encuentra en una disputa en los tribunales, entre el MINAET y el empresario Sylvestre Feichtinger, dueño de Agropecuaria Caletas S.A, quien reclama las 150 hectáreas del humedal como privadas.
El 3 de abril del 2009, el Tribunal Ambiental Administrativo emitió la resolución Nº390-09-TAA, por medio de la cual aplicó una medida cautelar inmediata, que consistía en la de paralización de cualquier actividad en el Humedal de Caletas y la reparación de los daños ambientales.
Ese mismo año, el Tribunal emitió un informe en el cual valora el daño en ¢12,000.000 y además se consideró que el plazo de recuperación y restauración del humedal se estimaba en cinco años -siempre y cuando se eliminaran las obras y los materiales de relleno-; no obstante esto no ha sido cumplido por el empresario, sin que el Área de Conservación Tempisque haya podido hacer algo para detener el daño ambiental.
Por esta inacción, el país recibió en octubre del año pasado el premio Globo Gris, que entrega la Red Global de Humedales, por “la mala gestión del humedal y de su biodiversidad”.
“Es una barbaridad que ya hay sentencias y órdenes pero se desacatan, y más bien continúan la destrucción del humedal, ahí es cuando uno se cuestiona para qué está la legislación ambiental”, se quejó el presidente de PRETOMA, Randall Arauz.
Arauz denunció conjuntamente que la Municipalidad de Nandayure concesionó un manglar en Corozalito, a pesar de la existencia de informes de la Contraloría General de la República que indican que esto es ilegal.
HUMEDALES EN RIESGO
En la zona Norte del país se encuentra el Humedal de Caño Negro, que debido al crecimiento exponencial en el número de hectáreas sembradas de piña tiene sus días contados.
“Caño Negro es un humedal en extinción, ya que ha sufrido todos los impactos posibles, donde el Gobierno más bien promueve la expansión piñera como una alternativa de exportación y desarrollo, siendo éste uno de los procesos que más afectan a los humedales en todo el país” argumentó Jorge Lobo Segura, catedrático universitario.
El Tribunal Ambiental Administrativo investiga al menos 19 denuncias en este humedal y sus alrededores, sumado ahora a la concesión de un bloque para la extracción de gas natural e hidrocarburos, otorgada a la empresa estadounidense Mallon Oil Company.
Esta misma empresa se adjudicó otro bloque en el Atlántico Norte, zona donde se ubica el humedal Caribe Norte, que se mantiene en disputa con Nicaragua. (Véase Semanario UNIVERSIDAD del 13 de julio de 2011 “Ambientalistas advierten que humedal de isla Portillo figura en licitación a petrolera”.)
En el mismo litoral Caribe se encuentra el Humedal Cariari amenazado por la construcción de una marina y de la terminal para barcos de contenedores en Moín. (Véase Semanario UNIVERSIDAD del 20 de julio de 2011 “Señalan nueva amenaza a Humedal Cariari en Moín”.)
Sin embargo, el mayor impacto lo están sufriendo aquellos humedales o manglares que aún no han sido clasificados en ninguna categoría de conservación, ya que estos se ven expuestos al desarrollo de actividades económicas que traen consigo su desaparición.
“Están viviendo una disminución por la implantación de megaproyectos, donde no se contemplan medidas de protección para ecosistemas, y que es contradictorio con los beneficios que estos brindan”, expresó Mauricio Álvarez.
Los humedales son considerados los ecosistemas más productivos de la tierra, prestan servicios ecológicos fundamentales y son reguladores de los regímenes hídricos, así como fuentes de biodiversidad.
“Se ha determinado que los humedales y especialmente los manglares tienen una capacidad de fijación de carbono mayor que muchos ecosistemas en el mundo, inclusive sobre los bosques tropicales”, agregó Bernardo Aguilar presidente de la Fundación Neotrópica.
La viceministra de Ambiente aseguró que hay mucho por trabajar: “hay que cubrir las carencias, por lo que hemos iniciado un proceso para visualizar las debilidades para buscar los recursos para subsanarlos, tenemos muchas carencias, pero hay que priorizar en vista de las dificultades”.
Estudio de impacto ambiental determinará futuro de aeropuerto
David Chavarría Hernández ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
En una visita realizada a Puerto Jiménez en el año 2007, el entonces Presidente de la República, Óscar Arias, dijo: “todo proyecto en Osa deberá ser verde o no será”; sin embargo, los hechos demuestran que esta afirmación está muy lejos de cumplirse.
El desarrollo de decenas de proyectos inmobiliarios ha modificado la cara de las montañas de esta región, y que ahora enfrenta un nuevo reto: la conservación del Humedal Térraba-Sierpe.
Uno de los proyectos que más ha sido cuestionado por su posible impacto en el humedal es la construcción de un aeropuerto internacional en Osa, idea que se viene gestando desde el gobierno de Abel Pacheco, pero que no fue hasta el año 2007 que se anunció oficialmente la obra.
Según la información brindada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en este momento el proyecto se encuentra en proceso de licitación de la evaluación de impacto ambiental, proceso posterior a los estudios técnicos preliminares para conocer las características básicas del suelo e hídricas del área propuesta para el proyecto.
En este proceso, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) transfirió ¢150.000.000 para la elaboración de un plan maestro, situación que fue reprendida por la Contraloría General de la República que, en el informe NO. DFOE-EC-08-2011, señala que “al estar facultado JUDESUR para financiar únicamente proyectos de desarrollo integral, es entendido que los recursos correspondientes deben canalizarse hacia proyectos cuya viabilidad ya haya sido determinada. De lo contrario, se estaría incurriendo en un uso inapropiado de los recursos públicos”.
Recientemente, la DGAC rechazó desarrollar este proyecto en Palmar Sur, donde se tenía pensado ampliar la pista de aterrizaje existente; no obstante esto no es posible “al existir obstáculos cercanos que limitan la operación del mismo”, ya que las naves solamente podrían aterrizar y despegar por la misma ubicación o el mismo sentido.
Ahora el aeropuerto se construiría en el Valle de Diquís, en Sierpe de Osa, en lo que actualmente se conoce como Finca 9 y 10, zonas donde existen asentamientos campesinos.
Mauricio Álvarez considera que esto se ha querido invisibilizar: “no hay transparencia ni acercamiento de las autoridades hacia las comunidades, para explicar derechos sobre la tierra, ni mucho menos lo que se refiere al aeropuerto”.
El lugar donde se construiría el aeropuerto además está a escasos kilómetros del humedal Térraba-Sierpe; por lo tanto las autoridades anuncian el proyecto como “verde”, o en armonía con el ambiente.
Según la DGAC, “el aeropuerto tendría una zona de amortiguamiento de aproximadamente 7.000 hectáreas, el cual va a tener énfasis en la protección del Humedal Térraba-Sierpe, bajo estrictas medidas ambientales de protección a los ecosistemas naturales existentes”.
Esto es criticado por Jorge Lobo Segura, quien manifiesta que “cuando ellos hablan de un aeropuerto ecológico lo que mencionan es lo que por obligación deberían hacer por nuestras leyes ambientales”.
Mientras que Bernardo Aguilar presidente de la Fundación Neotrópica asegura que “no se puede hablar de un aeropuerto verde hasta que se tenga el estudio de impacto ambiental”.
En octubre del año pasado, la presidenta Laura Chinchilla firmó un decreto que declara de interés nacional la construcción del Aeropuerto Internacional del Sur, a pesar de que no existe certeza técnica, ambiental o económica.
Este fue posteriormente modificado, según consta en la publicación de La Gaceta N° 175, del lunes 12 de setiembre 2011; ya que antes no se había precisado la localización física de lo establecido con el decreto.
Jorge Lobo considera que estos cambios de escenarios muestran la mala planificación de las instituciones del Estado: “reflejan que es un proyecto mal pensado, es una ocurrencia, forma parte de los proyectos faraónicos que a alguien se le ocurre que son viables pero realmente no cuentan con un estudio de factibilidad”.
“El Gobierno no haría nada que no tenga y no cuente con los estudios de impacto ambiental correspondiente; si el Estado lo exige también tiene que cumplir, aun habiendo declaratoria de conveniencia nacional”, declaró la viceministra de Ambiente, Ana Lorena Guevara.
En el acta ordinaria N° 01-2011 del Concejo Municipal de Osa, sesión celebrada en enero del presente año, el regidor Enoc Rugama hace constar que se ha reunido con Shim Yim, representante del gobierno de China con el fin de “inyectar” recursos para obras públicas del cantón, dentro de los cuales se menciona el proyecto del aeropuerto. Inclusive el regidor Rugama viajó a la República de China semanas después.
Es por eso que se cuestiona de dónde provendría el dinero para financiar esta construcción, y quién la administraría; la DGAC presupuesta en $50,000.000 realizar la fase A del Plan Maestro, cuyas obras están programadas para ejecutarse en un período de cinco años, y se asegura que no será concesionado.
Lobo concluye que “el problema de la construcción de un aeropuerto va más allá de la discusión de dónde se va a hacer, pues cualquier obra de ese tipo va a tener un impacto muy grande en las zonas cercanas, sumado al impacto que tiene ya el desarrollo inmobiliario”.
