Lo denuncian por no hacer nada para controlar plaga de mosca de la piña
Fuente: elpais.cr

San José (elpais.cr) - Diversas organizaciones sociales, agricultores y ganaderos, denunciaron penalmente al ministro de Agricultura, Javier Flores Galarza, y a otras autoridades por no haber tomado medidas para controlar la plaga de la mosca de la piña.

El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), explicó que la denuncia al MAG se debe por no haber tomado medidas por controlar la plaga de mosca de la piña, stomoxys calcitrans, que le provoca terribles consecuencias a la población.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía General contra Flores Galarza, y Elizabeth Ramírez Sandí, Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario, por presuntamente haber incurrido en los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes.

Dicha denuncia fue interpuesta por ganaderos y agricultores de la región Huetar Norte y del Caribe del país y acompañada legalmente por CEDARENA (Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales), como parte de las acciones del FRENASAPP.

Este proceso legal se ha debido a que los ganaderos de la zona caribeña de los cantones de Guácimo, Guápiles, Siquirres y de la zona Norte de San Carlos siguen sufriendo el ataque de las moscas a su ganado.

El flagelo lo sufren a pesar de haber acudido a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al SENASA (Servicio Nacional de Salud Animal) y al SEFITO (Servicio Fitosanitario del Estado), sin que dichas instancias tomaran medidas para detener el problema.

Esta situación se hace evidente cuando vemos que, desde junio del 2008, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo (voto Número 5689-08), interpuesto por los ganaderos y se ordenó al MAG tomar las medidas pertinentes para erradicar el problema de la inadecuada disposición de los desechos de piña, la proliferación de la mosca y los perjuicios que esta última genera a las comunidades.

Sin embargo, el MAG no tomó las acciones necesarias desobedeciendo así la orden de la Sala Constitucional y de la Defensoría de los Habitantes (Informe DHR-00701-2004).

La demanda fundamentalmente surge a raíz del problema que está generando la mosca stomoxys calcitrans, que se alimenta succionando la sangre de los animales, como al ganado vacuno, y los seres humanos.

Dicha plaga, con sus constantes picaduras, le causa acciones traumáticas al ganado y le produce cambios fisiológicos significativos como la pérdida de peso y la disminución de la lactancia.

También transmite enfermedades a los animales y a los humanos como la anemia infecciosa, ya que cuando succiona sangre a su vez “vomita” la sangre del animal que picó anteriormente.

De esa forma, le trasmite al animal o persona que pica los parásitos, virus e infecciones de otros animales y los que la propia mosca pueda tener. Esto último podría poner en riesgo la salud de cientos de personas que viven cerca de plantaciones de piña.

La plaga de la mosca de la piña es una más de muchas consecuencias negativas que están sufriendo los vecinos y vecinas de plantaciones piñeras, debido a la expansión descontrolada y a gran escala de la piña en distintas partes del país.

Dicho monocultivo ha provocado, entre otras cosas, la destrucción de bosques primarios y secundarios, la muerte de la vida silvestre, la erosión y pérdida de suelos y la sedimentación y contaminación con agroquímicos de ríos, quebradas, humedales y acueductos comunales.

A su vez, es preocupante el cambio en el ámbito de la economía local que están provocando las empresas piñeras, ya que con la plaga de la mosca y la destrucción de los recursos naturales están arruinando económicamente a los ganaderos y agricultores.

Algunos afirman que esto es una estrategia para forzarlos a vender la tierra, tal como manifiesta un vecino de Guácimo “mucha gente que antes tenía una finca y vivía dignamente, tuvo que vender la tierra por el problema con la mosca y terminaron trabajando bajo muy malas condiciones en la piñera que les causó el daño”.

Por ello, se considera que la actividad está beneficiando fundamentalmente a las empresas transnacionales y a sus socios nacionales, quienes a través de la compra exponencial de tierra están desplazando a las y los campesinos.

En la denuncia sostienen que de esa manera resulta evidente como este modelo de producción está concentrando la tierra en muy pocas manos, en detrimento de los derechos humanos fundamentales a una vida digna, un ambiente sano, una vivienda adecuada, a la tierra y a la alimentación, todo esto tan solo para aumentar aún más las ganancias de las grandes empresas.