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Empresa obtuvo poderes de dos dirigentes de Bribri para impulsar plan

Población frenó trámite ante Minaet y expulsó a dirigentes involucrados

 

Carlos Arguedas, Ronny Rojas y Esteban Oviedo en nacion.com

 

El grupo empresarial que construyó un helipuerto sin permiso de Aviación Civil en el valle de La Estrella, Limón, pretende sacar oro y otros minerales de la reserva indígena Bribri de Talamanca, la cual se opone a esa actividad.

 

Para ello, los interesados consiguieron que un dirigente indígena les cediera un permiso para tramitar exploraciones mineras, en su territorio, sin que el resto de la comunidad lo supiera.

 

El grupo es liderado por el inversionista noruego Helge Haaversen Samuelsen, cuyo abogado corporativo es Carlos Eduardo Quesada Madrigal.

 

Dicho abogado aseguró que Haaversen logró un acuerdo con la dirigencia indígena para que esta gestionara la exploración.

 

“Lo que tenían probablemente era un convenio para que, una vez que los indígenas obtuvieran el permiso, la empresa de don Helge pudiera hacer efectiva la explotación porque, por ser zona indígena, no pueden explotarlo personas particulares”, dijo Quesada.

 

 

El territorio es propiedad de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca (Aditibri) y los sitios que se pretenden explorar se ubican unos 30 kilómetros, en promedio, del helipuerto. Trámite ante Minaet. A espaldas de la comunidad, el entonces presidente de Aditibri, Abelardo Torres Hernández, cedió un poder especial al abogado Juan Carlos Hernández Jiménez en julio del año 2007.

 

Con esa potestad, Hernández tramitó ante la Dirección de Geología y Minas del Minaet una solicitud para buscar oro, plata, cobre, zinc, níquel y molibdeno en un área de seis kilómetros cuadrados de Talamanca.

 

Hernández dijo que fue contratado por la empresa de consultoría ambiental Deppat y que coordinaba el trabajo con Carlos Manuel Quesada Madrigal, el abogado corporativo de Helge.

 

Este último, a su vez, sostuvo que Helge pagó a Deppat para realizar el trámite minero “porque los indios no tenían dinero”.

 

El indígena Abelardo Torres reconoció que otorgó el poder sin consultar a su junta directiva ni a la comunidad de Bribri, pero alegó que pretendía atraer recursos para solucionar problemas sociales.

 

Torres pretendía que Aditibri controlara el permiso y, luego, negociara con la empresa interesada.

 

El dirigente añadió que recibió la asesoría de Marlon Medina Robleto, abogado de planta de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), oficina estatal encargada de atender indígenas.

 

La existencia de depósitos de oro en algunas zonas de Talamanca, como Sukut, es conocida desde 1898 e, incluso, ha sido objeto de diversas exploraciones por empresas mineras extranjeras, según un informe del geólogo estadounidense Carl A. Nelson. Abogado estatal. En el 2008, Torres dejó la presidencia de Aditibri y esta la asumió Jorggeli Rodríguez Lázaro, quien le cedió al abogado del Conai otro poder para gestionar exploraciones mineras en Bribri.

 

Así, entre mayo y junio del 2008, dicho funcionario público tramitó tres permisos más para explorar tres campos de 20 kilómetros cuadrados cada uno, ante la Dirección de Geología del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

 

En agosto del 2008, cuando la comunidad indígena se enteró de los poderes otorgados por Torres y Rodríguez, revocó las gestiones ante Geología y Minas. Tres meses después, ambos dirigentes fueron expulsados de Aditibri por diez años.

 

Jorggeli Rodríguez escribió al Minaet “que desconocía las implicaciones” de su gestión y ayer aseguró a La Nación que fue engañado por el abogado Marlon Medina.

 

Sobre este caso, la Procuraduría de la Ética Pública elaboró un informe sobre las acciones de Medina y recomendó al Conai investigarlo. Hoy, él está suspendido.

 

Este abogado también figura en gestiones judiciales en favor de la sociedad anónima Santuario Indígena, la cual construyó el helipuerto entre el 2008 y el 2009 y es integrada tanto por Haaversen como por Carlos Eduardo Quesada.

 

Medina alegó que solo le hizo favores personales a Quesada y, en el caso de Aditibri, trató de proteger los intereses de la reserva.

 

Este funcionario es señalado en un documento del Ministerio de Salud como el representante de Santuario Indígena. Nuevo intento. Las tres exploraciones tramitadas por el abogado de Conai fueron reactivadas ante Geología y Minas, con datos exactamente similares, por las firmas Grupo Sureño Seis Negro y Grupo Sureño Ocho Rojo, las cuales son presididas por la abogada Ana Lucrecia Quirós, representante legal de Santuario Indígena.

 

Desde octubre del 2008, los expedientes están activos tanto en Geología y Minas como en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Pero, fueron objeto de un recurso de amparo de parte de Aditibri.

 

La firma Grupo Sureño Ocho Rojo incluso aportó un documento del 2009 en el que Abelardo Torres, entonces director de Conai, aprobaba el proyecto minero.

 

La abogada Quirós no quiso responder reiteradas consultas que se le hicieron a ella y a Helge.

 

En cuanto a la construcción del helipuerto, se usaron 750 vagonetas de material extraído del río La Estrella sin aval del Minaet. La Fiscalía de Limón indaga el caso.

 

En valle de La Estrella, el grupo firmó un acuerdo con la comunidad indígena Cabécar-Tayní y alegó que construiría un proyecto hidroeléctrico en el río Cariei. Otra empresa de Haaversen, llamada Fuego de Indios, compró un helicóptero en más de $900.000.

 

 

Dos líderes bribris expulsados por otorgar poderes para plan minero

 

Dos dirigentes indígenas de la reserva indígena Bribri de Talamanca, Limón, fueron expulsados de la asociación de desarrollo durante diez años por haber cedido a dos personas externas poderes para tramitar exploraciones mineras en su territorio.

 

Grupo de polémico helipuerto pretende oro de zona indígena Conai investiga a su abogado por tramitar exploraciones

 

Los sancionados son Abelardo Torres Hernández y Jorggeli Rodríguez Lázaro, quienes fungieron como presidentes de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Bribri de Talamanca (Aditibri), entre el 2005 y el 2008.

 

En la asamblea general del 1.° de noviembre del 2008, a la cual asistieron 430 afiliados, se reveló a la comunidad la existencia de los poderes cedidos a los abogados Marlon Medina Robleto y Juan Carlos Hernández Jiménez, quienes gestionaron exploraciones mineras entre el 2007 y el 2008. Recriminación. La separación de ambos dirigentes se fundamentó en una investigación del fiscal de la asociación, Óscar Almengor Fernández, quien concluyó que ambos expresidentes “aprovecharon sus puestos para hacer actos que no van con la cultura indígena Bribri, sabiendo que este pueblo ha sido siempre opositor de este tipo de actividades que dañan el medio ambiente”.

 

En el acta de la asamblea se consignó que los exdirigentes terminaron “violentando disposiciones de la comunidad indígena y abusando de sus funciones”.

 

Jorggeli Rodríguez dijo que todo “fue un engaño de Marlon Medina (abogado del Conai)”.

 

Sostuvo que él firmó el documento porque Medina le dijo que en ese momento estaban en el país unos inversionistas chinos que querían invertir en el territorio indígena y que él necesitaba una carta para poderlos representar.

 

“ Cuando firmo voy saliendo para Alemania y al regresar me cuentan lo sucedido. Qué metida de patas. Ese chavalo (Medina) agarró mi carta y la llevó al Minaet diciendo que estoy solicitando la explotación de todos los minerales en área de protección”, aseveró.

 

Mientras, Abelardo Torres reconoció que no consultó a la junta directiva para firmar el poder especial, pero manifestó que el hecho ocurrió cuando en Talamanca había “un gran problema interno por el asunto de la minería”.

 

Advirtió que lo hizo porque pretendía que la asociación realizara la gestión y cuando Energía y Minas otorgara el permiso, poder entrar a negociar con las empresas. “Eso generaría fondos para que la asociación pueda atacar los problemas sociales” afirmó Torres.

 

“Reconozco el error, pero solo Dios sabe que yo lo que quería era solucionar los problemas sociales de los indígenas”, concluyó.

 

Ambos expresidentes apelaron la decisión ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco). Empero, José Páez, actual presidente de la Aditibri, dijo que Dinadeco ratificó en abril del año pasado la desafiliación de Rodríguez y Torres.

Conai investiga a su abogado por tramitar exploraciones

 

La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) investiga a uno de sus abogados, Marlon Medina Robleto, por tramitar tres exploraciones mineras en la reserva indígena Bribri, en Talamanca.

 

Medina hizo estas gestiones mientras trabajaba en el Conai, entidad encargada de defender a los indígenas. Al funcionario lo suspendieron dos meses el 25 de enero, después de que la Procuraduría de la Ética Pública remitió un informe sobre los hechos.

 

El abogado reconoció que en el 2008 recibió un poder para hacer trámites mineros de parte de Jorggeli Rodríguez Lázaro, entonces presidente de la Asociación de la Reserva Indígena Bribri.

 

Medina alegó que sugirió a Rodríguez proteger algunas áreas que podrían tener importantes yacimientos de minerales.

 

“Don Jorggeli iba saliendo para un seminario en Alemania y opta por dejarme un poder especial para que, mientras él está fuera del país, me encargue de esas gestiones. Yo no tengo poder de decisión sobre a quién se le otorga una concesión”, alegó el profesional.

 

En tanto, Rodríguez afirmó que el abogado de Conai le pidió el poder para representarlo porque había “unos inversionistas chinos” interesados en las reservas.

 

Las gestiones de Medina fueron respaldas por el geólogo Fernando Nietzen. Este dijo hace tres días no recordar quién lo contrató. “Fue por teléfono y me dejaron unas instrucciones; aparte de Marlon no sé quién más sería”.

 

Medina incluso emitió a nombre del Conai un dictamen legal, según el cual las comunidades indígenas están exentas de la aprobación de la Asamblea Legislativa para explotar minerales en sus tierras, tesis contradicha por la Procuraduría.

 

El funcionario dijo que emitió ese dictamen debido a una extracción de materiales en la zona sur.