A través de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, varios líderes comunales hemos presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de cuestionamientos al proyecto de ley 20 635, que ya afirmó la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

Expusimos nuestros criterios en el Encuentro de ASADAS de la Alianza de Comunidades que realizamos en Punta Morales y decidimos actuar, y oponernos cuestionando los alcances del proyecto. Los cuestionamientos que presentamos a los diputados y al Ministerio de Ambiente Son los siguientes:

 

1. ¿Cómo se controlará para que no haya uso corrupto de esa arena y esa piedra extraída?

2. ¿Cómo le garantizará la Contraloría General de la República al país que el uso de esos recursos es el correcto?

3. ¿Cuál es el beneficio efectivo para las comunidades con esta ley?

4. ¿Cómo se evitará el daño que esas extracciones provocarían en los ecosistemas?

5. ¿Cómo garantizan las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la presidencia de la República, que las comunidades aledañas o cercanas no se verán afectadas por la alteración de las dinámicas hidrológicas producida por las extracciones?

 

 

Como parte fundamental de la vida del país, las organizaciones comunales tenemos derecho a participar activamente en las decisiones que pueden afectar nuestro ambiente y territorio.

 

 

El proyecto básicamente es una reforma al artículo 39 del actual Código de Minería y sus conexiones. Cambia el periodo de explotación para concesiones temporales en cauces públicos y canteras. Éstos tiempos se ampliarían súbitamente de 120 días a 24 meses duplicables, es decir, se pasa de 4 meses a 4 años. La propuesta de cambio es notoriamente exagerada, pero nos preguntamos también ¿es realmente necesario cambiar así la ley, cuando ya se permiten explotaciones temporales para obras públicas? ¿y en favor de quiénes realmente es que se impulsa este cambio?

 

Primero hay que pensar si en verdad cuatro meses no son ya suficientes para obtener materiales que ayuden a resolver urgencias en obras viales. Cuatro meses de aprovechamiento en situaciones excepcionales son aceptables, pero cuatro años NO, pues el volumen de explotación en un periodo así podría traer mayores afectaciones que beneficios públicos reales.

 

 

El proyecto flexibiliza los permisos para Ministerios, Municipalidades y el CONAVI, con el beneficio también para las empresas que subcontraten estas instituciones. Es decir, podría abrirse aquí un modelo de contratación público-privada muy rentable, para que empresas particulares exploten (y deterioren todavía más) los cauces de nuestros ríos.

 

Las administraciones municipales no han sido modelo para la gestión de proyectos. Todo lo contrario. La desconfianza sobre a quién llegarán los beneficios de estas explotaciones es la primera reacción que se puede tener. De acuerdo a las experiencias de varias comunidades puntarenenses participantes en la Alianza, la ampliación de las explotaciones no parece que vaya a traer gran beneficio comunal. Y el CONAVI tampoco es un ejemplo de buenas gestiones.

 

Si bien el mantenimiento de las vías de comunicación es necesario, cuestionamos que se le puedan abrir canales a más corrupción por haber menos fiscalización. Preferimos la buena planificación en la gestión pública. No apoyamos que se legalice el enriquecimiento privado con recursos públicos, como son los recursos geológicos, al costo de las afectaciones ambientales en nuestras comunidades.

 

Nuestros ríos están claramente amenazados de convertirse en minas a cielo abierto por la ampliación próxima de la carretera Cañas-Barranca. El problema no es el aprovechamiento de los materiales, el problema es que se haga sin que los explotadores autorizados tengan que rendir cuentas ambientales, al eximirse de evaluación ambiental. Parece que se piensa ignorar o anular una vez más el principio preventivo.

 

Aprobar el cambio significaría un gran retroceso en los derechos ambientales de las comunidades costarricenses que valoran y utilizan sus ríos, que son parte del patrimonio público del país. Hemos visto por años el impacto negativo de las concesiones mineras en nuestros ríos, produciéndose efectos como la disminución marcada de los caudales, la sedimentación que altera los flujos y la calidad del agua, e incluso inundaciones por efecto del cambio desmedido de los cauces.

 

Varias de las comunidades que participan en la Alianza tienen sus pozos a la orilla de los ríos como el Lagarto y Guacimal. Con la eliminación de la evaluación ambiental, desaparece legalmente le posibilidad de oponerse de forma efectiva a las afectaciones que puede provocar la sobreexplotación de los cauces.

 

 

Actualmente vemos claro en Puntarenas los cambios ambientales que van sucediendo por la alteración climática global, que se suma a un pasado de prácticas ambientales inconscientes que dañaron nuestro territorio.