Fuente Gustavo J. Fuchs en diarioextra.com

La administración Chinchilla ha anunciado su pretensión de priorizar la aprobación del proyecto de ley 18093, bajo el nombre de Ley de Contingencia Eléctrica. Ello a pesar del férreo rechazo manifestado por las y los trabajadores del ICE y de las cooperativas productoras de electricidad en una multitudinaria marcha el pasado 30 de julio.

La retórica oficialista se ampara en la supuesta incapacidad del ICE para cubrir la demanda proyectada de electricidad a la que el país deberá hacer frente en los próximos años, y en la incapacidad del Estado para concretar la inversión necesaria.

El Frente Interno de Trabajadores del ICE ha rechazado esta argumentación, amparándose en un hecho indiscutible: se trata de proyecciones que dependen de factores climatológicos, económicos y sociales bastante impredecibles, cuyas variaciones son de gran peso en posibles distorsiones entre las cifras proyectadas y la realidad.

A ello se debe de agregar las reiteradas denuncias del ingeniero del ICE Gerardo Fumero, que ha sido contundente en señalar las irregularidades en torno a la fijación de precios para la compra de energía a generadores privados, montos definidos por ARESEP.

La nueva ley impulsada desde Zapote amplía el rol de la ARESEP en el mercado, e introduce cambios profundos al sistema eléctrico de nuestro país, una industria nacional que a pesar de sus defectos es un ejemplo para América Latina y cuyos resultados positivos para Costa Rica son indiscutibles.

Un proyecto regional. Pero más importante aún es entender que la apertura eléctrica y la privatización forman parte de un proyecto regional que trasciende y relega los intereses nacionales. La nueva ley establece tres cambios sumamente peligrosos que permiten evidenciar su proyección al exterior.

En primer lugar, se permite a las empresas privadas vender el excedente de su producción dentro del Mercado Energético Regional, un mecanismo creado por el BID y vinculado profundamente al Plan Puebla Panamá –PPP (debido a diversas razones, el PPP ha sufrido variaciones en sus planteamientos originales. No significa para nada que se hayan desechado). El PPP busca integrar al sureste mexicano con la región centroamericana a través de obras de infraestructura, desarrollo energético y proyectos económicos. En este sentido, el plan establece la necesaria redefinición de aspectos jurídicos que permitan dicha integración dentro del marco propuesto por el PPP.

Dentro de sus proyectos se encuentra el Sistema de Interconexión Eléctrica de Países de América Central (SIEPAC). El SIEPAC busca crear una línea de distribución energética de 2,100 km desde Panamá hasta México, cuyo propósito es vender electricidad de la región a EEUU. Sin embargo es evidente que el objetivo primario es el abastecimiento a las grandes empresas asentadas en la región.

Diversos analistas y académicos que han estudiado ese proyecto interamericano han sido contundentes en señalar que el diseño del PPP busca beneficiar a grandes corporaciones transnacionales que operan en América Central, ofreciendo tarifas subsidiadas y soluciones logísticas y operativas de gran envergadura. El proyecto se inspira en el paradigma neoliberal, según el cual una mayor inversión extranjera crea un mayor número de empleos y una mejor eficiencia de acuerdo al principio falso de que todo lo privado es mejor.

Peso decisivo. En segundo lugar en su Artículo 8 el proyecto de ley establece la creación de la figura legal de “gran consumidor”, para quienes consuman 1 MV por año o más. Este “gran consumidor” va a poder firmar contratos directos con generadores públicos o privados. Ello significa que las grandes empresas influirán de forma decisiva en el mercado eléctrico, y que una eventual pérdida de clientes con una demanda tan importante significaría un golpe financiero enorme para el ICE. Ese “gran consumidor” será finalmente quien tenga un peso decisivo en el mercado, exigiendo además tarifas más bajas y obligando a los productores a una competencia desleal y ruinosa.

El tercer elemento de preocupación que contiene la ley es que declara de “interés público” cualquier proyecto de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, permitiendo la deforestación en áreas protegidas y abriendo las puertas a que empresas transnacionales gocen de privilegios sin precedentes. Ello va ligado al facilitamiento de la implementación del PPP; romper con la legislación ambiental que podría frustrar la construcción de los megaproyectos estipulados en el plan es definitivamente un gran paso adelante para sus promotores.

Los intereses de grandes empresas energéticas españolas son innegables. Hoy dominan el mercado eléctrico en América Latina. Empresas como ENDESA, Unión Fenosa e Iberdrola, están presentes en casi todos los países de la región. Las lamentables consecuencias que ha traído la apertura total del mercado eléctrico y la privatización de las empresas públicas en países como Nicaragua, República Dominicana o Colombia, están plenamente documentadas. Si bien el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica no implica una apertura total del mercado, es un paso direccionado en ese camino.