Fuente Daniela Araya en crhoy.com

El proyecto Diquís es una ambiciosa apuesta que hace el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para subsanar la necesidad de energía a nivel nacional. No obstante, las implicaciones del mega proyecto se salen de las manos de la entidad pues cerca de 800 hectáreas están protegidas por la ley indígena y requieren del consentimiento de los pueblos autóctonos de la zona para acceder a los territorios, mientras que por otro lado existe la posibilidad real de enterrar patrimonio nacional de gran envergadura –que incluso podría ser Patrimonio Mundial- y tener afectaciones al ambiente.

El meollo detrás de Diquís

Frankling Ávila, encargado del Proyecto Diquís, enfatizó que en este momento se encargan del proceso de factibilidad en el que estudian todas las repercusiones que podrían tener las obras.

Sobre el proceso de consulta a los pueblos indígenas, Ávila apunta a que no buscan poner presión en las rondas de consulta sino hacer acuerdos abiertos y consensuados, esto por consejo del relator de las Naciones Unidas, quien vino a hacer un arbitraje al proceso.

“Una vez que tengamos el resultado –del proceso de consulta a todos los involucrados- y el estudio de impacto aprobado es que empezaremos con la parte de construcción. El problema acá es que se ha confundido que al estar nosotros haciendo investigaciones, que por la magnitud del proyecto requieren igual magnitud de investigaciones importantes, se ha creído que nosotros ya empezamos el proceso constructivo. Lo importante que hay que dejar claro es que tenemos estudios de impacto ambiental para cada una de esas obras, pero en ninguna manera forman parte de las obras constructivas finales del proyecto que se iniciarán hasta tener la viabilidad ambiental”, comunicó Ávila.

De la otra cara de la moneda, Pablo Sibar, un líder indígena del grupo de los 12, enfatizó a crhoy.com que no quieren ser visualizados como opositores al desarrollo, sino como lo que son, pueblos indígenas.

“Nosotros lo que venimos defendiendo como pueblo indígena es ese criterio; que se respeten nuestros derechos, que se respete nuestra forma de vida y que se respeten las leyes que el mismo estado costarricense ha promulgado y ha ratificado, como la ley indígena, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la declaración de Naciones Unidas; y si el Estado Costarricense respeta estos procesos, pues podemos hablar en otros términos”, puntualizó Sibar.

Sibar mencionó que en compañía del relator iniciaron un proceso de diálogo, pero a su criterio el Estado cerró esta posibilidad debido a que se introdujo un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley indígena vigente. Para ellos esto implicaría que no hay una buena voluntad detrás de las negociaciones y por ello los pueblos tomaron la determinación de cerrar el diálogo hasta que las condiciones cambien.

De acuerdo con información de la Sala Constitucional, Rolando González, Presidente del Instituto de Desarrollo Agrario, interpuso el 19 de abril de este año un recurso contra la ley indígena 6172, alegando que en la aprobación de ésta se violaron principios constitucionales, por ejemplo no se consultó al Instituto de Tierras y el texto aprobado no fue el que se concibió en el Colegio de Abogados originalmente, entre otros.

Sobre la negociación con el ICE, Sibar mencionó:

“El problema es que el ICE sigue haciendo cosas sin consultar al pueblo, entonces sigue violentando los derechos de ese pueblo indígena. Dice el convenio –Convenio 169 de la OIT- que cualquier estudio que un proyecto desarrolle en una comunidad indígena tiene que ser consultado con el pueblo. Entonces en la venida del relator, en la reunión pueblo indígena-gobierno se quedó claro que el ICE ya ni forma parte de esto sino que la negociación es pueblos indígenas y gobierno. Y el ICE sigue haciendo sus cosas y sigue haciendo su trabajo, violentando todos esos derechos. Ayer en un foro en el que participamos se hace ver que el ICE está totalmente ilegal, el ICE ha incumplido toda la legislación nacional e internacional no sólo en de pueblos indígenas sino de otras legislaciones, entonces ¿cómo hacemos con este proceso?”, denunció Sibar.

¿Por qué apuesta el ICE a más hidroeléctricas cuando se sabe que hay otras fuentes?

Giselle Chang, estudiosa de la Universidad de Costa Rica, realizó una publicación en los Quiscos Ambientales en la que se cuestiona cuán indispensable es el proyecto Diquís para Costa Rica.

“En Costa Rica, en los últimos años, ha existido un excedente de producción de electricidad a nivel nacional, como lo dice Teófilo de la Torre (presidente del ICE) en una entrevista realizada por el Periódico La Nación -el 14 de febrero del 2012-: en Costa Rica tenemos excedentes en la época de lluvia, que puede ser utilizada por otros países de Centroamérica que utilizan energía térmica”, menciona Chang en el estudio.

Además agrega: “Dentro de las modificaciones más fuertes que se están impulsando para cambiar el sistema de producción eléctrico que hemos conocido hasta ahora, se encuentran la Ley de Contingencia Eléctrica que pretende aumentar la producción privada de electricidad en un 25% y la Ley General de Electricidad, la cual, según el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, responde a la “orientación de crear un aparente libre mercado de generación eléctrica…”

Ávila, el Director del proyecto, respondió la misma interrogante aduciendo que el ICE ha reflexionado si es viable seguir invirtiendo en una fuente de energía que quizás ya no sea la número uno para el país; por lo que rescató que después de la energía geotérmica, la segunda fuente en la que somos ricos, es el agua, por lo que lo seguirán haciendo proyectos hasta que tecnológicamente no haya una fuente que dé mejores réditos.

“Una planta como el Diquís no hay duda de que la vamos a ocupar, de que el primer año o el segundo año posiblemente vamos a tener que ver dónde colocar esa energía y como país sacarle provecho pues sí, pero que no significa que el proyecto se está haciendo con el objetivo de vender energía. Más bien al inicio 650 megas el sistema no los va a poder absorber, pero al tercer y cuarto año prácticamente toda la energía se va a quedar en el país”, concretó Ávila.

José Granada, sociólogo ambientalista de la Fundación Ambio, analizó la situación de las poblaciones cercanas y declaró que a su criterio esta es prácticamente su única oportunidad de desarrollo, para él aunque la energía geotérmica sea viable, la hidroeléctrica no ha sido desplazada aún.

¿A qué apostará Costa Rica? ¿Al desarrollo de megaplantas o a la preservación del patrimonio? ¿Será la posible construcción de Diquís un bien que le quede al país o pese as sus implicaciones será un bien exportable que disfrutarán los extranjeros?

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