Ambientalistas de Costa Rica advierten a diputados
Fuente: elpais.cr

San José, 1 ago (elpais.cr) - Un proyecto de ley que pretende el manejo compartido de áreas protegidas tiene como fin último privatizar esos espacios para beneficio de pocos, advirtieron ecologistas en la Asamblea Legislativa costarricense.

Aseguraron que el expediente 17211 Ley de áreas silvestres protegidas pretende la privatización de esas áreas y en algunos aspectos roza con la Constitución Política y pretende el establecimiento, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de plantas hidro y geotérmicas.

Así se pronunciaron María Elena Fournier, Asociación Conservacionista Yiski, y Gabriel Quesada Avendaño; Presidente Movimiento Ecologista Costarricense y Presidente Instituto Costarricense de Ecología Aplicada, así como Roberto Bonilla, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (SITRAMINAE).

Fournier explicó a los diputados que desde el año 1984 es donde se comienza con el proceso de privatización de las áreas protegidas, y en 1996 con la Ley Forestal se da inicio a las actividades agro-turísticas e infraestructura.

Expresó que desde entonces se han querido distribuir las áreas protegidas e incluso de han publicado decretos que tienen esta tendencia de privatización.

Roberto Bonilla, de SITRAMINAE, dijo que este proyecto es largo y extenso, y no fue consultado con los funcionarios que laboran en las áreas protegidas.

En el proyecto de ley en discusión se da la privatización de los parques nacionales al mencionar el manejo compartido, lo que significa que los parques pasarán a manos privadas y entidades que se denominan ambientalistas, pero no lo son.

Bonilla también se mostró preocupado porque el proyecto de ley habla de la apertura para la tala de árboles.

Añadió que lo único bueno que le ve al proyecto de ley es que en el mismo se incluye la creación de un fideicomiso a favor de los parques nacionales.

Por su parte, Quesada Avendaño se expresó a favor de las áreas protegidas y señaló que la Sala Constitucional tiene jurisprudencia para proteger estos sitios y el proyecto atenta contra los mismos.

Abogó por el reforzamiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), pero sin abrir los portillos a las organizaciones que tienen sus ojos puestos en las áreas silvestres protegidas, sobre todo con el tema de manejo compartido.