Nicolas Boéglin Profesor, UCR en diarioextra.com

La prodigiosa biodiversidad de Costa Rica mundialmente reconocida reposa sobre un territorio con suelos altamente vulnerables a la erosión, como la mayor parte de los suelos tropicales, y con costas sensibles a los efectos de la contaminación telúrica. El peculiar relieve accidentado del país y su régimen de precipitaciones limitan sustancialmente el desarrollo de actividades productivas de cierto impacto. Hoy, por ejemplo, una cantidad igual o incluso menor de agua llovida causa estragos en partes bajas de cuencas en la Zona Norte, o en cantones heredianos, los cuales, últimamente, “pierden” puentes con cada invierno.

El cantón de Acosta, entre otros, vive una situación crítica debido al acelerado deterioro de su infraestructura vial causada por lluvias y deslizamientos. La tragedia ocurrida en calle Lajas constituye una clara advertencia. El colapso de la mina de Bellavista de Miramar (octubre del 2007) advierte de las limitaciones de las “garantías técnicas” de unos que quedaron plasmadas en mayo del 2005 ante la Sala Constitucional (Voto 5790-2005); y evidencia la incapacidad de las autoridades, a casi 4 años de ocurrida, de realizar un diagnóstico sobre los efectos de esta anunciada catástrofe ambiental. Paralelamente, varias playas van perdiendo su atractivo de antaño o su sello ecológico. Varias especies de anfibios, tortugas y aves ven sus poblaciones diezmándose año tras año ante la mayor indiferencia estatal.

Señales preocupantes: Mientras los diagnósticos sobre cambio climático vaticinan entre 30 a 40% menos de precipitaciones en Guanacaste en los próximos años, un hotel de 701 habitaciones en Playa Matapalo es inaugurado y ya se anuncia el inicio de una segunda etapa, sin hablar de varios megaproyectos turísticos que florecen por doquier en Guanacaste. Mientras estudios de la UCR indican que desde el 2002, Costa Rica perdió el 50% de sus monos, asistimos a una expansión piñera sin precedentes en frágiles zonas de alta biodiversidad. Llevamos casi 4 años con 6000 personas tomando agua de cisternas en el Cairo y Milano de Siquirres, a un costo estimado de $27.000 mensuales, sin que el Estado haya iniciado acción alguna contra las empresas contaminadoras anunciada por el titular del AyA ante los medios (La Nación, 16/07/2007).

Un pesado silencio de las autoridades a un reciente articulo pareciera indicar que ni el MIN(a?)ET, ni SENARA ni el MAG han elaborado en estos años algún protocolo para evitar que ello se repita en otras regiones (ver artículo sobre el intento de “control integrado” de las aguas subterráneas de Allan Astorga, La Nación, 11/05/2011). El AyA y la ESPH se alistan ante una probable crisis de abastecimiento del agua potable en el Valle Central. Llevamos casi 3 años con una sentencia de la Sala IV exigiendo a las autoridades amojonar la Zona Inalienable decretada visionariamente en 1888 (resguardando así la principal fuente en agua potable del Valle Central), sin que las autoridades demuestren un real voluntad en ejecutar esta decisión.

“Insensatez” de la expansión piñera en Costa Rica (El Financiero, edición 724, junio del 2009), “Déficit de coherencia” ambiental (El Financiero, edición 740, oct. 2009) evidencian el doble discurso imperante. Con una clara llamada de atención del Estado de la Nación: en el 2008 (Informe XIV) alertaba que “Costa Rica llegó a una situación límite en materia de gestión ambiental, siendo esta condición crítica en cuanto al ordenamiento territorial” (p. 217). Un año después (2009, Informe XV) advertía que “Costa Rica exhibe un ritmo en la demanda por los recursos naturales mayor que la capacidad de su territorio para satisfacerla”. Además, un señalamiento inequívoco al Estado, en particular al Ejecutivo, el cual “ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo” (p. 207).

Las comunidades afectadas presentan recursos ante los tribunales, incluso demandas posteriores por desacato contra alcaldes y/o ministros que incumplen fallos de la Sala IV. Exigen con argumentos de peso establecer moratorias (para el desarrollo inmobiliario en Guanacaste, para nuevas plantaciones de piña, para el otorgamiento de permisos de uso y de construcción en la ZMT en Osa y Golfito). Pero estas y otras demandas, encuentran muy poco eco ante un parco aparato estatal, que pareciera incapaz de aprender lecciones de sus propios yerros.

Una reacción que se hace esperar. Las nuevas autoridades hubieran podido tomar medidas drásticas para mitigar los efectos de esta acelerada degradación ambiental generalizada. En materia de ordenamiento territorial en la GAM, la incorporación de la variable ambiental no se implementa debido a que el INVU no aprueba los planes reguladores. El Tribunal Administrativo Ambiental está bajo amenaza de cierre técnico debido a recortes presupuestarios. Valientes funcionarios del SENARA son objeto de órganos disciplinarios por exigir que su Junta Directiva y su Gerente cumplan con la ley y no induzcan en error a Magistrados (Miguel Ramírez, “Inexistente aval de SENARA a Crucitas”, Página Abierta, 4/05/2010). Un sitio RAMSAR como el humedal de Caño Negro se desangra en la mayor impunidad, rodeado de batallones de empresas piñeras que avanzan inexorablemente hacia él. Las tomas aéreas de un reciente documental de la UNED sobre Caño Negro no parecieran interesar mayormente al MIN(a?)ET.

Si Costa Rica optó desde muchos años por promoverse en el exterior “sin ingredientes artificiales”, y si sus visitantes vienen atraídos principalmente por su belleza escénica y su prodigiosa biodiversidad, flaco favor harían las autoridades en seguir tolerando que se destruya (de manera probablemente irreversible) uno de los principales atractivos del país. Pero el daño no se limita a la atracción de visitantes, o a la acelerada pérdida de especies: está amenazando la sostenibilidad del país. La misma ley orgánica del ambiente (LOA) reza claramente que el daño al ambiente no tiene similitud alguna con otros daños, al precisar que: “constituye un delito de carácter social, (…), económico (…), cultural (…); y ético porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras “(art. 2 inc. e). La LOA cumplió sus 15 años en octubre pasado en el mayor silencio por parte de las autoridades; las cuales, de igual manera, “celebraron” en un pesado silencio el pasado 22 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Biológica.