Escrito por Fabio Mena Cordero en prensalibre.cr
Recursos pasan a Caja Única del Estado
Abogados ambientalistas se reunirán en nuestro país para tomar acciones sobre la necesidad de invertir recursos en comunidades afectadas
En los últimos meses la disputa entre distintos sectores de la sociedad por defender el medio ambiente ha generado decenas de posiciones que desatan no solo controversia mediática o nacional sino que llega a niveles legales donde se evalúa la viabilidad o no de los distintos proyectos o acciones que afectan el equilibrio natural.
Sin embargo, ante los fallos emitidos y que condenan a pagar considerables cantidades de dinero por daños al medio ambiente, esos recursos no se canalizan para tales efectos y quedan a la deriva sin conocer en que se invierten.
En referencia a este tema, la abogada, Ruth Solano, presidenta de la organización Justicia para la Naturaleza, afirmó que esa debilidad de los procesos legales en materia ecológica perjudica directamente a los pobladores de las comunidades donde se produce el “daño ambiental” a pesar de que los juicios se fallen en favor de los afectados.
Además indicó que mayoría de las veces aunque se obtengan triunfos en los estrados judiciales, los grupos de la sociedad civil, como pueden ser las asociaciones de desarrollo, quedan fuera a la hora de decidir, o al menos sugerir, cómo se repartirá el dinero que deben pagar quienes contaminan el ambiente. Esa situación crea un escenario muy injusto porque además de que la gente sufre las consecuencias de las violaciones a la naturaleza encima tampoco recibe indemnización alguna.
“Debido a las reglamentaciones del manejo de los fondos públicos, esos dineros van a parar en un fondo Estatal o a la Caja Única del Estado y se ocupan para financiar cuestiones como compra de carros, contratación de personal o construcción de edificios. Necesitamos emprender reformas legales para que las comunidades reciban mayores indemnizaciones, resarciendo el daño, debiendo convertirse esto en la máxima prioridad en estos casos”, destacó Solano.
En Costa Rica los pagos por daño ambiental están respaldados por el artículo 50 de la Constitución Política que promueve el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, tiene soporte en los acuerdos de la Cumbre de Río 92 y el principio de que “quien contamine paga”.
Acciones naturales
En el pasado en Costa Rica Justicia para la Naturaleza participó en procesos legales que derivaron en sentencias, específicamente contra una empresa bananera en la zona de Batán de Limón por el derrame de agroquímicos y un gobierno local de la provincia de Heredia debido a la contaminación de las aguas de una quebrada, por la instalación ilegal de un basurero a cielo abierto. Precisamente este tipo de situaciones se discutirá en la próxima cita de la Alianza Mundial de Abogados Ambientalistas (ELAW, siglas en inglés), que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1º de diciembre en el Club Punta Leona en el cantón de Garabito en Puntarenas, con la participación de 100 especialistas de 30 países como los Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, Europa y África.