Fuente: Rocío de agencia Xinhua en spanish.china.org.cn

El ex presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, entregó al gobierno una propuesta para anular el decreto ejecutivo que declara de "interés nacional" la operación de la polémica mina de oro a cielo abierto Las Crucitas.

Esta mina que se pretende desarrollar en la zona norte del país, es objeto de un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, que es seguido con gran interés por la población, la cual se ha manifestado mayoritariamente contra el proyecto.

Pacheco, quien gobernó entre 2002 y 2006, se reunió con el primer vicepresidente, Alfio Piva, en compañía de expertos en materia ambiental y representantes de organizaciones ecologistas.

El planteamiento del ex gobernante es que se anule la declaratoria que el gobierno de Oscar Arias (2006-2010) dio al proyecto de la minera de capital canadiense, Infinito Gold, para evitar cualquier daño al medio ambiente.

"Consideramos que Las Crucitas es un proyecto terriblemente peligroso, destructivo, y que aceptar esta imposición basada en una serie de equivocaciones, pues sería entregar el país y dejarle a nuestros hijos y nietos una terrible herencia", dijo Pacheco a Xinhua.

Entre los argumentos de los opositores al proyecto minero, se expresa que la declaratoria de "interés nacional" que haría posible la operación de esta mina, no se sustenta en un estudio "costo-beneficio" como lo determina la ley.

El proyecto minero requiere de esta declaratoria para operar, ya que en la zona en que se ubica debió talar algunas especies de árboles protegidos por la ley, como es el caso del almendro amarillo, principal sustento de la Lapa Verde, ave en peligro de extinción.

EN RIESGO SALUD HUMANA

La economista ambiental, Anais Villalobos, cuestionó la conveniencia de este proyecto, por el riesgo que representa el manejo de grandes cantidades de cianuro, que podrían contaminar ríos y acuíferos de gran importancia.

Los ecologistas advierten que un derrame de la represa donde se depositan los residuos del proceso industrial, podría contaminar el río Infiernito y por medio de éste dañar la cuenca del río San Juan, ubicado en la frontera con Nicaragua.

"Cómo se puede considerar de interés público la destrucción de todas las áreas de nuestros bosques, de toda la fauna, el envenamiento de nuestras aguas con metales pesados, el envenenamiento para futuras generaciones?", cuestionó Pacheco.

Villalobos por su parte, aseguró que en un análisis hecho sobre los posibles impactos de esta mina, se determinó que el daño a la salud de la población tendría un costo para la gente superior a los 1,7 millones de dólares.

El ex presidente Pacheco recordó que Costa Rica ya tuvo una mala experiencia con una mina de oro a cielo abierto operada por una empresa canadiense, en la zona de Miramar de Puntarenas (100 kilómetros al oeste de San José).

Esta mina se derrumbó, arrastrando gran cantidad de materiales contaminantes hacia los ríos y cuerpos de agua cercanos, sin que la empresa encargada se hiciera responsable por el desastre ambiental causado.

Pacheco también hizo un llamado al gobierno para que no haga caso de las amenazas de demanda si deroga el decreto, pues aseguró que son sólo intentos de asustar a las autoridades.

"Les recuerdo que en mi gobierno nos iban a demandar por impedir el destrozo de los arrecifes del Mar Caribe que provocaría una explotación petrolera. Me iban a demandar por 57.000 millones de dólares, me pegaron un susto, pero de ahí no pasó", afirmó el ex gobernante.

Xinhua consultó al vicepresidente Alfio Piva sobre su respuesta a la propuesta entregada por el ex presidente Pacheco y aseguró que analizará con detalle el texto que le fue entregado.

Sin embargo, Piva indicó que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla ha decidido no tomar acción alguna sobre el decreto, hasta en tanto no se resuelva el juicio que actualmente se desarrolla por este caso.

"Nosotros hemos pensado no derogarlo porque está en juicio. Si tomamos la decisión de derogarlo y el tribunal decide que está bien, quedamos mal. Igual si sucede a la inversa, por lo que mejor vamos a esperar", afirmó el vicepresidente.

El ex presidente Pacheco también manifestó su preocupación por la salud de dos jóvenes ecologistas, quienes hoy cumplieron 20 días de ayuno, como medida de protesta contra esta mina que pretende explotar 700.000 onzas de oro.

Para permitir la operación de la mina en Las Crucitas, el gobierno anterior derogó la moratoria que decretó el ex presidente Pacheco en el 2002 sobre la minería de oro.

Precisamente una de las primeras decisiones de la presidenta Laura Chinchilla al iniciar su mandato en mayo de este año, fue el reactivar esta moratoria, pero sin que tuviera efecto sobre el polémico proyecto minero Las Crucitas.