No paralizaron las obras en el acueducto ayer

Betania Artavia en www.diarioextra.com

La celebración en Sardinal de Carrillo por la anulación de la viabilidad ambiental del acueducto El Coco-Ocotal por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) se vio nublada por la decisión de las empresas de continuar con los trabajos, bajo la mirada complaciente del gobierno local.

Según indicó el alcalde Carlos Cantillo, apenas estaban recibiendo la nota de Setena y consideran que es contradictoria con el fallo de la Sala Constitucional, que a su criterio permitía utilizar 63 litros por segundo, por lo que van a revisar la situación.

“Vamos a resolverlo y comunicar a los interesados; la Sala IV dice que se pueden utilizar 63 litros por segundo de agua y Setena dice que hay que paralizar la obra; esto incluye las mejoras del acueducto de Ocotal porque es parte del distrito de Sardinal”, declaró el alcalde.

Los trabajos en el acueducto continuaron ayer con la instalación de un tubo en el tramo final de la carretera de Ocotal, lo cual movilizó a los vecinos, quienes amenazaron con interponer una demanda penal si no se acata el fallo tanto de Setena como de la Sala Cuarta de paralizar los trabajos.

“Es una noticia alentadora; el pueblo ganó la batalla porque esta gente nunca ha tenido permiso viable y mucho menos buscaron la participación ciudadana”, indicó Mario Acevedo, vecino de Carrillo.

Tampoco descartan tomar otras medidas en caso que la Municipalidad se niegue a acatar la orden de Setena, como las manifestaciones en las calles, que fue precisamente como iniciaron su lucha en defensa del agua para los pobladores.
“DEBE SENTAR UN PRECEDENTE”

Daniel Soley, ex defensor adjunto de los habitantes, quien se mantuvo junto a la comunidad durante el proceso en la Sala Cuarta, mostró su satisfacción por considerar que es un triunfo de los ciudadanos, quien demostraron con hechos que llevaban razón.

“Esto sin duda es una muestra más de la fortaleza de nuestro sistema democrático, donde la institucionalidad del país se ajusta al ordenamiento y ofrece a la ciudadanía la solución correcta a sus problemas.

En su momento siempre se alegó que los estudios del acueducto eran insuficientes y que había que tener la certeza técnica y jurídica de que había agua para todos, pero prioritariamente sobre todo para nuestros pobladores”, detalló Soley.

Considera que es una clara señal de que los argumentos técnicos y legales siempre deben prevalecer a la hora de que las instituciones públicas diseñen proyectos de interés nacional, y que el agua debe protegerse y ser prioridad para consumo humano.

“Lamentablemente en este caso particular se trata de una inversión de un grupo de desarrolladores y el Estado (mixta), que si se hubiera informado desde un inicio a los habitantes, involucrarlos y tomar en cuenta sus necesidades, el proyecto hubiera resultado quizás de gran provecho para las comunidades.

Debe quedar como precedente que el habitante debe ser tomado en cuenta para la ejecución de los proyectos. No solo se trata de hacer una audiencia sino informarlo de todos los detalles que contribuyen a la realización de este tipo de obras, de las cuales posiblemente el Estado no cuente con los recursos para llevarlas adelante”, explicó.

 

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