Fuente: Sonia Torres en www.elpais.cr
Las empresas piñeras, una vez entrados en operación mecanismos, instrumentos e incentivos que apoyan el modelo agroexportador dentro del marco del TLC, se han establecido fácilmente en el Pacífico Central, convirtiéndose en la principal fuente de trabajo en zonas marginales de Puntarenas.

Las compañías, de aparente origen colombiano, llegan a sustituir cultivos de caña de azúcar con beneplácito de las autoridades municipalidades, aprovechándose de la infraestructura vial ya construida, sin estudios de impacto ambiental reconocidos, con pocas garantías y controles laborales, escasa fiscalización ambiental, sin tomar en cuenta el inminente deterioro biológico de las áreas cercanas de manglar, e irrespetando los derechos de las comunidades porteñas a ser informadas y tomar decisión sobre una actividad que les puede cambiar su vida de pescadores artesanales.
Hay quienes aseguran que los caminos de las piñeras se lastraron con los materiales extraídos del río Aranjuez, en concesión otorgada por el ex ministro Roberto Dobles a sus familiares.

La expansión masiva del cultivo de piña en Puntarenas abarca Chomes, Haciendas Las Loras, San Agustín, San Marcos  y los alrededores de Sardinal.

Actualmente el cultivo se extiende hasta Barranca y posiblemente a corto plazo se amplíe hacia Aranjuez, Pitahaya y Hacienda El Palmar.

Algunos dicen que para el año 2010 se piensa cultivar unas 9000 hectáreas, lo cual eleva los niveles de contaminación de las aguas, afectando aún más a las especies del manglar, las que desempeñan una función medioambiental paliativa por inmovilizar grandes cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica y para prevenir el inminente cambio climático por ser fijadoras del dióxido de carbono.

El deterioro del manglar porteño por las piñeras se suma a la “tala, quema e invasión” advertida días atrás por el Tribunal Ambiental Administrativo, acabando con las especies juveniles que no han llegado a la etapa de reproducción, llevándolas a la extinción y dejando en entredicho una vez más el plan de gobierno de transformar a Costa Rica en un país “Carbono Neutral” en el 2021.

El cultivo de la piña en el Pacífico se convierte así en una amenaza real sobre los ecosistemas de manglar que son la fuente de la seguridad alimentaria y del sustento familiar de miles de personas en la zona de Chomes, Costa de Pájaros, Cocorocas, entre otras comunidades, donde la pesca es de vital importancia biológica, ambiental y socio-cultural para sus pobladores.

Algunos pocos trabajadores de la piña, pese a las fuertes jornadas al sol, están advirtiendo ya las viejas estrategias empresariales de fumigar durante las noches y de extraer agua en cientos de pozos profundos abiertos en el interior de la plantación o mediante bombas estratégicamente ubicadas en las riberas del río Guacimal.

Posiblemente se planea lo mismo en la zona del río Naranjo, cerca de Barranca, donde ya se observa el barrido del terreno, infraestructura y construcción de diques en áreas protegidas por la Ley Forestal, a vista y paciencia de los funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, localizado en Esparza donde el señor Carlos Serrano Bulakar, nunca está disponible y si está, ni siquiera por mensajes telefónicos atiende las denuncias.

La mayoría de los puntarenenses no quieren oír hablar del vínculo entre las piñeras y la contaminación de los mantos acuíferos. Los pocos que conocen sobre la contaminación de las fuentes de agua subterráneas con bromacil y diurón en las comunidades del caribe costarricense, ven lejana la posibilidad que en el Pacífico se repita esa consecuencia del cultivo de la piña.

Más allá del gasto de 27 millones de colones aportados diariamente de la bolsa del costarricense y no de las empresas contaminantes, para dotar de agua potable a Cairo, Luisiana, La Francia y Milano, en el Caribe, los puntarenenses no alcanzan a comprender los riesgos para la salud humana del bromacil, usado junto a otros elementos en el agente naranja en Vietnam para matar personas, defoliar zonas boscosas y ahora utilizado indiscriminadamente en el cultivo de la piña costarricense.

Muchos porteños no logran entender por qué la hoy diputada liberacionista Agnes Gómez Franceschi, siendo alcaldesa de Puntarenas apoyó indiscriminadamente el establecimiento de miles de hectáreas de cultivo de piña sin pensar en los riesgos para la salud humana.

Igual que el gobierno de Óscar Arias, ella también dejó de cumplir con el mandato constitucional de garantizar un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los y las costarricenses.

El gobierno de Laura Chinchilla debe vigilar por el cumplimiento de los derechos laborales de cualquier trabajador agrícola, porque sino, al igual que su antecesor Óscar Arias seguirá incumpliendo la Constitución Política y las leyes nacionales, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los convenios laborales suscritos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo y de los cuales Costa Rica es parte.

El reto de fondo que las piñeras plantean para doña Laura y los diputados de la zona de Puntarenas es tener que declarar de una vez por todas la paz a la naturaleza, olvidarse del cacareado cuento de Oscar Arias de convertir a Costa Rica en “Carbono Neutral” en el 2021 o prepararse para el suministro de agua mediante tanquetas en la Gran Puntarenas, al igual que hoy ocurre en las comunidades del caribe costarricense.

Definitivamente la expansión piñera en Puntarenas no va a resolver el problema de la pobreza ni desempleo en la zona; por el contrario, amenaza con agravar los problemas ya existentes.  La empobrecida provincia enfrenta una seria amenaza para las aguas subterráneas del acuífero Barranca – El Roble por el uso indiscriminado de agroquímicos y la competencia desigual entre la piña y la pesca.