Fuente: http://informa-tico.com

El diputado Sergio Alfaro Salas, del Partido Acción Ciudadana, dijo que "es una desvergüenza que el Gobierno, a estas alturas, no se haya dado por satisfecho con su actitud depredadora de la naturaleza y pretendiera pasar un proyecto de ley que solo beneficiaría los intereses comerciales de poseedores de terrenos en el parque nacional". Las tortugas Baulas son las más grandes del Planeta y tienen en el Parque Nacional Las Baulas uno de sus más importantes lugares de desove en toda la costa del Pacífico y han sido declaradas en estado de grave peligro de extinción. Y por el contrario, en 2005, organizaciones ambientalistas impulsaron una iniciativa para ampliar el área de protección del parque marino.

El Gobierno debe expropiar estos terrenos con precios justos y no con los muy cuestionables avalúos que ha hecho el Ministerio de Hacienda en esta administración."

Los diputados del PAC, afirmaron en un comunicado que el gobierno de Arias "intentó dar otro golpe al medio ambiente que ponía aún más en riesgo la preservación de la tortuga Baula", al presionar para que la Comisión de Ambiente dictaminara el proyecto 17383, para reducir el Parque Nacional Marino Baulas (PNMB) y con ello exponer a la tortuga Baula a condiciones de mayor riesgo de extinción.

En el marco de lo que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No 7554, dice que la reducción únicamente es posible cuando así se disponga en una ley y cuando existan estudios técnicos que justifiquen la no afectación del ambiente con la adopción de dicha medida.

La misma Contraloría General de la República determinó debilidades en la delimitación del Parque Las Baulas, señala el comunicado. También se determinaron fallas técnicas en los avalúos administrativos, que registran diferencias de hasta un 500% en los precios de avalúos realizados a un mismo terreno, o terrenos con condiciones similares, en dos períodos relativamente cortos y diferencias considerables entre el avalúo administrativo y judicial. El metro cuadrado pasó de 7200 colones a 442.000 colones.

Por otra parte, la Procuraduría no recomendó la aprobación del proyecto 17383 y la Sala Constitucional en su voto, recomendó que se procediera a expropiara los terrenos.

Patricia Romero, señaló que "la falta de estudios técnicos y científicos demuestra que el Parque no tiene porqué reducirse. El proyecto que querían dictaminar no determina los límites exactos del Parque. Las instituciones han permitido construcciones evadiendo su responsabilidad y no han resguardado el Parque hasta ahora"


Romero, dijo que este proyecto tiene el gran defecto de querer dejar fuera del área del parque al Cerro El Morro que forma parte integral del ecosistema"

Recordó que este es el cuarto intento de los empresarios privados para que se modifique el área y el nivel de protección que tiene este Parque y que al igual que en las ocasiones anteriores se excluyó la participación de los pobladores de la zona y se impuso desde el Poder Ejecutivo".

Alfaro Salas advirtió a la población de que "es imprescindible que sepamos de una vez la posición de Laura Chinchilla sobre este proyecto de Ley y sobre el tema del parque de las Baulas en general" concluyó.


Unión Europea pretende Municipalizar Comunidades Garífunas de Honduras.

En el transcurso de los últimos años, organismos financieros internacionales han venido promoviendo la aniquilación de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas del continente, con el pretexto de promover la municipalización y supuesto desarrollo de los mismos.

En el caso de Honduras el Banco Mundial  financió la elaboración de una ley denominada en su inicio  "Ley para la Erradicación de la Pobreza a traves de la Regularización Predial" y posteriormente conocida como la "Ley de Propiedad".

Dicha Ley en su Capítulo III, enfocado en los pueblos indígenas y negros de Honduras, coloca en peligro la propiedad comunitaria, permitiendo la individualización de los títulos y por ende el fraccionamiento de los territorios de los pueblos indígenas del país.

La OFRANEH introdujo ante la Corte Suprema de Justicia, en diciembre del 2008 un Recurso de Inconstitucionalidad relacionado con la Ley de Propiedad y su Capítulo III (los artículos referentes a los pueblos  indígenas), sustentado  entre otras por un Dictamen Jurídico de la OIT, el cual señala que la Ley de Propiedad viola al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Las comunidades garífunas, en especial  las de Bahía de Tela, a partir de la emisión de la Ley de Municipalidades (1992) han padecido un proceso de intervención de las alcaldias por medio de la ampliación del casco urbano de la municipalidad, dándose una serie de abusos de poder  y expropiaciones en las cuales se ven involucrados políticos y empresarios turísticos.

El pueblo garífuna ha resistido hasta la fecha la violencia y persecución desatada por los señores feudales para diluir los títulos comunitarios, y ante el agotamiento de los recursos internos las comunidades acompañadas por nuestra organización, nos hemos visto en la obligación de recurrir al sistema interamericano de justicia. Hasta la fecha las comunidades de  Triunfo de la Cruz y San Juan Tela poseen medidas cautelares  emitidas  por la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH).

En las últimos años aparece un nuevo actor en el proceso de despojo del pueblo garífuna financiado por la Unión Europea, con la intención de catastrar a las comunidades, situación que consideramos un eslabón más en la municipalización de los territorios garífunas.

El pasado 25 de abril en la comunidad garífuna de Bajamar (Cortes) se efectuó una supuesta reunión de inducción al proceso de catastro de dicha comunidad, auspicaido por el PATH y financiado por la Unión Europea. 


Previamente el año pasado PROCORREDOR, proyecto de la Unión Europea, convocó una reunión en el mes de agosto en la comunidad de Sambo Creek, en la cual expuso como  uno de sus objetivos del proyecto, el catastro de las comunidades garífunas, siendo este componente considerado parte de su estrategia de ordenamiento territorial.

Según la versión de Procorredor su misión es velar por el Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño, el cual padece de una erosión acelerada de la biodiversidad, además de una manifiesta destrucción de las cuencas hidrográficas, sin que hasta la fecha se hayan tomado las medias pertinentes para subsanar la problemática.

La historia de la década de los años 90, muestra como la mayoria de los territorios indígenas del istmo, cayeron dentro del ámbito del Corredor Biológico Mesoamericano, con su designación de áreas protegidas, impidiendo la titulación integral de nuestros territorios.

A partir del año 2000 con el fallido Plan Puebla Panamá - rebautizado como Proyecto  Mesoamérica - se comienza a formular una destrucción de más de 400 cuencas hidrográficas en Centroamérica con el propósito de construir represas hidroeléctricas, poniendo en duda la supuesta visión conservacionista del Corredor Biológico, sin que en ningún momento esa institución se haya manifestado en contra de la destrucción ecológica masiva que plantea el Proyecto Mesoamérica.

A pesar del rechazo demostrado por la gran mayoría de los pueblos indígenas afectados por el Proyecto Mesoamérica, la construcción de represas dentro de áreas protegidas continua sin ninguna objeción por  parte del Corredor Biológico Mesoamericano y de muchas de las organizaciones ambientalistas que prefieren consolidar sus finanzas que entrar en contradicciones con el Proyecto.

En el caso del catastro en las comunidades garífunas, permite  individualizar la propiedad comunitaria, utilizando algunos "caciques garífunas" designados  por las municipalidades y convertidos en voceros de los intereses de los empresarios turísticos, que al final de cuentas serán los beneficiados con la estrategia de individualización.

En el caso de Procorredor, los que desde el principio de su gestión fueron enfáticos en que sólo trabajaban con municipalidades, hasta la fecha no se conocen resultados concretos en cuanto a la conservación de cuencas y protección del bosque y mucho menos se han manifestado sobre las 14 propuestas de construcción de represas en el Departamento de Atlántida.