Fuente: Ana Cristina Camacho Sandoval en Edición 765 http://www.elfinancierocr.com

Industrias Infinito, empresa dueña del cuestionado proyecto minero Crucitas, asegura que tras 16 meses de atraso en la entrada en operación de la mina, el país dejó de percibir alrededor de $20 millones en impuestos y pago de cánones.

En Cutris de San Carlos la compañía, de origen canadiense, planea extraer 656.000 onzas de oro en un plazo de seis años.

John Thomas, gerente de la compañía, admitió que durante este impasse, los accionistas también se vieron afectados, perdiendo unos $36,9 millones.

No obstante, estas pérdidas, dicen expertos consultados por EF, no son nada comparadas con las afectaciones a la naturaleza, que causaría una eventual explotación minera en la zona.

En abril del año pasado la onza de oro en el mercado internacional se cotizaba en $877,5 un 79% más que el mismo día del 2007. La semana pasada (20 de abril) el precio alcanzó la cifra de $1.142,2.

Sin embargo, la extracción del metal en Costa Rica está en duda porque, si bien el pasado 16 de abril la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por un grupo conservacionista, el asunto pasó ahora a manos de los tribunales judiciales que definirán el futuro de este proyecto, el único hasta la fecha.

Las labores de extracción fueron avaladas desde diciembre del 2005 por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pero la férrea oposición a la actividad minera ha impedido el arranque de obras.

Choque de opiniones

Thomas calcula que de esos $20 millones que el país dejó de percibir, $16 millones corresponderían a impuestos sobre la renta en favor de la Municipalidad de San Carlos.

Además, dijo, la inversión acumulada que ha hecho la firma asciende a los $75,5 millones de los cuales $10,6 millones fueron en los últimos 14 meses.

La compañía aseguró también que la inversión en programas sociales en el 2009 alcanzó los $419.194, que beneficiaron a 410 familias.

La inversión social prevista para los primeros meses del año ($60.000) estaba en riesgo días antes del fallo constitucional.

Para Infinito, la demora tuvo efectos en el ámbito laboral pues si bien mantuvo íntegro a su personal durante el 2009, para febrero pasado debió prescindir de 21. La operación de la mina daría trabajo a 260 personas.

EF consultó a especialistas en recurso hídrico, geología, biología, biodiversidad y derecho público para hacer un balance de las perjuicios ambientales que tendría el proyecto.

Allan Astorga Gätgens, geólogo y consultor internacional sobre evaluación ambiental, dijo que tras la visita realizada por los magistrados de la Sala IV a Cutris en noviembre pasado, quedó demostrado que no existe un estudio de costo-beneficio ambiental y social y que las pérdidas que menciona la minera, no pueden ser corroboradas.

Astorga considera que los costos ambientales tienen que ver inicialmente con la devastación de más de 50 hectáreas de bosque natural, sus efectos sobre la biodiversidad y sobre el corredor biológico vecino.

“El costo de este daño no ha sido valorado pero le aseguro que es mucho más que la bajísima garantía ambiental por $600.000 que depositó la minera”, comentó Astorga.

$500

cuesta limpiar un metro cúbico de agua contaminada dicen expertos que se oponen a la minería.

$20,3

millones han dejado de percibir municipalidad y asociaciones de desarrollo cercanas al proyecto.

Otro riesgo ambiental, dijo Astorga, se refiere a la seguridad de la represa que contendrá la laguna (lago artificial de una vez y media el tamaño del parque La Sabana) pues una ruptura de la represa, significaría una avalancha de agua y sedimentos contaminados con cianuro y metales pesados hacia el río San Juan.

Asimismo, menciona nuevos impactos para el bosque y sobre los acuíferos.

Precisamente en el tema del recurso hídrico, la experta Yamileth Astorga Espeleta, de la Universidad de Costa Rica (UCR), revela posibles impactos ambientales sobre aguas superficiales y subterráneas.

Se refiere al manejo de suelos húmedos por la ubicación geográfica del proyecto y a la contaminación del agua por su cercanía con el río San Juan sobre todo si ocurriera un sismo y la laguna se rompe, las consecuencias serían enormes.

Astorga también plantea posibles riesgos de contaminación por sustancias peligrosas y sobre los cuerpos de agua subterráneas (en la zona hay dos acuíferos, uno superficial y otro regional).

Se pregunta qué pasará con las dos lagunas que la empresa dejará cuando se retire del país; quién les dará mantenimiento después de los 18 meses de su cierre para evitar el llamado drenaje ácido de minas.

“¿Será el Estado el que asumirá esto? ¿Será suficiente una garantía ambiental de $600.000 para un proyecto de $1.000 millones?”, dijo.

Ante estos cuestionamientos, la compañía minera asegura que por más de 10 años ha realizado estudios técnicos y científicos en todas las áreas mencionadas.

Por ejemplo, el hidrólogo Hugo Rodríguez concluyó tras estudios y perforaciones en el sitio, que el acuífero no se verá afectado por la actividad minera y que tampoco correrá en dirección al río San Juan, sino hacia territorio costarricense.

Sobre la calidad del acuífero inferior, el experto contratado por Industrias Infinito sostiene que presenta baja calidad en sus aguas y, por tanto, no es apta para consumo humano.

En relación con los riesgos por sustancias peligrosas, la firma se basa en los estudios de Sherman Thomas, excatedrático de la UCR, quien asegura que el proyecto tendrá eficientes controles que evitarían, ante un rompimiento de la laguna, que se viertan sedimentos tóxicos como cianuro.

John Thomas, gerente de Infinito, afirmó que la represa “fue diseñada y será construida por la misma compañía que hace 30 años construyó la del Proyecto Hidroeléctrico Arenal, que soporta la presión de miles de millones de litros de agua y se mantiene intacta”.

Crucitas, según sus voceros, realizó también estudios de amenaza sísmica, manejo de cianuro y sustancias cianuradas, y de impacto de bosques, situando al proyecto dentro de los parámetros internacionalmente permitidos.

Son argumentos que siguen contradiciendo otros expertos, quienes reclaman el proceder de la Setena.

Nicolás Boeglin, profesor en derecho internacional público de la UCR, comentó que el segundo proyecto presentado por la compañía en diciembre del 2007 multiplica por seis la profundidad de extracción (de 10 a 67 metros de profundidad) y por dos el volumen a extraer sin que para ello se haya exigido un nuevo estudio de impacto ambiental.

Industrias Infinito advierte que se sacará material a 65 metros de profundidad, mucho menos que las extracciones hechas por ejemplo en el tajo de los hermanos Barquero en Alfaro Ruiz.

La biodiversidad

“Costa Rica es el único país centroamericano que no tiene minería a cielo abierto, es el que tiene el sistema de parques nacionales mejor consolidado y el de mayor ingreso per cápita”, recordó el biólogo Javier Baltodano para quien Crucitas traería consecuencias nefastas en el campo de la biodiversidad.

Cutris es para Baltodano, una región campesina que podría, con infraestructura básica y políticas adecuadas, desarrollar proyectos sustentables sin tener que generar dependencia de transnacionales cuya vida útil no tarda más de diez años y con un potencial destructivo enorme.

En un breve repaso, este biólogo advierte de los impactos que traería la minera en las especies arbóreas. Estima que se destruirán 225 hectáreas, la mitad de bosques primarios.

Con ello se reduciría el hábitat de especies de aves, mamíferos y otros organismos en grave peligro de extinción.

Este biólogo cree difícil que el bosque destruido pueda recuperarse a partir del plan de reforestación que planea la minera (compensaría 476 hectáreas de potrero y siembra de 50 hectáreas por cada árbol talado).

“Tal trueque (bosque primario por restauración) no funciona, es una simple excusa para eliminar un bosque que estorba al desarrollo de un proyecto económico”, es la tesis del ingeniero forestal, Quírico Jiménez.

Bellavista fracasó

El otro proyecto minero a cielo abierto fracasó el año pasado.

Canadá: El proyecto Bellavista pertenecía a la compañía canadiense Glencairn Gold Corporation desde 1995.

Montes de Oro: En este cantón de Puntarenas la firma tenía 1.200 hectáreas para desarrollar el proceso de extracción de oro y plata.

Explotación: La compañía pretendía extraer 545.000 onzas de oro en ocho años, planeaba iniciar operaciones en el 2003.

Derrumbe: Mientras estaba cerrada por problemas ambientales (tenía 18 meses de abierta), en julio del 2007 sufrió deslizamientos.

Cierre: A mediados del año pasado, la compañía decidió cerrar operaciones definitivamente por daños sufridos en su planta.

Fuente Archivo EF.