Fuente: elpais.cr

San José (elpais.cr) - El Banco de Costa Rica (BCR), ofreció durante semana Santa como promoción publicitaria un descuento del 20% a quien invierta en el proyecto inmobiliario Azul Paraíso, cuestionado por la Sala Constitucional.

El anunció fue divulgado por el BCR el 29 de marzo anterior en el diario Nación, a pesar de que el voto de la Sala Constitucional 2010-4014 del 26 de febrero de este año declaró ilegales los permisos de construcción, de disponibilidad de agua, viabilidad ambiental y que viola lo principios constitucionales del ambiente y la salud.

“Esta posición del BCR roza la complicidad en un ocultamiento de información y un engaño a los potenciales clientes”, dijo Gadi Amit, dirigente de la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca.

De acuerdo con la información de Amit, la empresa inmobiliaria Proyecto Inversión Ocotal PIO Sociedad Anónima, integrante del Fideicomiso del Acueducto Sardinal, El Coco – Ocotal, levantó oficinas y un Club de Playa a pesar de la destrucción del ambiente y la prohibición de la Contraloría General de la República (CGR).

La CGR ordenó a la Municipalidad de Carrillo no extender nuevos permisos de construcción a las empresas que obtuvieron Viabilidad de Agua, “mediante trámites irregulares que se consideran nulos”.

“Entre ellos se encuentra el de PIO S.A.”, aseguró Patrice Renaud a la Municipalidad de Carrillo, quien entregó pruebas de lo dicho, que también fueron aportadas en un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, firmado por Edward Scanlan, estadounidense vecino de Ocotal.

Además, Renaud, de la Asociación de Ocotalecenses Unidos (AOU), denunció que la empresa ha soterrado una quebrada y realiza movimientos de tierra para construir un Club de Playa y oficinas administrativas, sin tener garantizado el suministro de agua.

Con sus denuncias, Renaud contradijo la opinión de André Garnier Kruse, en un comentario divulgado por el mismo medio en abril del año anterior, donde aseguró que los empresarios “estamos comprometidos a seguir adelante, con pleno respeto por nuestra institucionalidad, y con absoluto compromiso con el desarrollo sostenible”.

“Como empresarios responsables, respetamos nuestro ordenamiento jurídico, valoramos los derechos de las comunidades y estamos tan interesados como el que más en que la explotación del agua se realice de forma racional, equitativa y justa”, escribió Garnier Kruse en el medio.

El empresario felicitó al Gobierno por haber aprobado un informe que asegura que el manto acuífero de Sardinal tiene agua suficiente para más de 22 proyectos inmobiliarios, que incluyen hoteles, villas, condominios, piscinas, jardines y centros comerciales, entre otros.

Ocotal

Sin embargo, para los vecinos de Ocotal como Reanud y Scanlan, la situación es otra, al denunciar que la empresa PIO S.A. y el departamento de Construcción de la Municipalidad han violado el ordenamiento jurídico, afirmación que molestó a regidores, regidoras, síndicos y síndicas, quienes aseguraron que desconocían las irregularidades señaladas.

Ambos dijeron en sus gestiones, que las construcciones de condominios contradicen el Plan Regulador, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Municipalidad de Carrillo y posteriormente publicado en La Gaceta Oficial el 10 de marzo de 1987. A la fecha el Plan Regulador de Ocotal sigue vigente.

En el 2004, PIO S.A. adquirió dos concesiones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), de Ocotal sobre los lotes uno y dos. El primero, según el Uso de Suelo permitido por el Plan Regulador es Zona Verde en aproximadamente 50% del terreno, y Zona Hotelera para un hotel de mediana densidad en el resto del terreno, de una hectárea.

Sin embargo, Scanlan afirmó a la Sala IV que “en ninguna de sus comunicaciones (publicidad), acerca del Proyecto Azul Paraíso, ni tampoco en los planos de construcción del mismo, PIO S.A. hace mención de la construcción de un hotel”.

De acuerdo con la información disponible de la empresa, en las colinas de Ocotal, a unos dos kilómetros del Lote Uno, se han construido unos 28 condominios y villas que constituyen la fase Uno del proyecto, y como incentivo a los clientes ofrece la membrecía al Club de Playa que proyecta construir en dicho lote, así como a quienes compren condominios que se levantarán en este mismo terreno.

Ambos vecinos de Ocotal cuestionaron al Jefe del Departamento Municipal de  ZMT, Francisco Canales, por la autorización a PIO S.A. para construir de dos oficinas y el Club de Playa “en flagrante violación al Plan Regulador de la ZMT de Ocotal”.

Según Scanlan, Canales les respondió que “dichas construcciones podrían ser relacionados a la operación de un hotel”.

Dijeron que “el señor Canales y PIO S.A. tampoco pueden argumentar que un condominio es lo mismo que un hotel, y así justificar la construcción de los dos edificios ya construidos y la del Club de Playa en el Lote Uno”.

“Este punto ha sido específicamente rechazado por el ICT en su carta dirigida al Concejo Municipal DPD-P-771-2006 del 3 de noviembre del 2006”, aseguraron.

“A esta patente violación del Plan Regulador de Ocotal, se suma la aparente decisión de la Municipalidad de hacer caso omiso a la Ley y a las órdenes de la Procuraduría General de la República y de la CGR, que prohíben que sean otorgados permisos de construcción a proyectos que no disponen de fuente existente de agua no de infraestructura sostenible de abastecimiento de agua”, aseveraron ambos vecinos de Ocotal.

Tanto Renaud como Scanlan afirman que “la fuente de agua del proyecto Azul Paraíso depende del acueducto Sardinal-Coco, cuya construcción está todavía en curso y se ignora cuando será terminada.

La compañía cuestionada, integrante del llamado Fideicomiso del Acueducto de Sardinal, tiene la cédula jurídica 3-101-337370, inscrita en el 2004, cuyo Secretario es Eduardo Soto del Barco; su Presidente, André Garnier Kruse; el vicepresidente, Javier Quirós de Anaya; el director 3, Walter Esquivel Sotela; el director 2, Francis Durman Esquivel; el director 1 Roy Garnier Acuya, y el Fiscal, Andrés Waisleder Goldblerg, según documento oficial del Registro Nacional.