Decreto del Gobierno que extiende sectores POR urbanizar
Medida atenta contra derecho a un ambiente equilibrado y sano, dice abogado
Ambientalistas habían logrado que Sala IV suspendiera decreto en el 2009
Fuente: Mercedes Aguero en nacion.com
La Sala Constitucional deberá decidir sobre el futuro del decreto emitido por el Gobierno con un reglamento que autoriza construir en zonas protegidas de la Gran Área Metropolitana (GAM).
El abogado experto en derecho ambiental Álvaro Sagot y el físico José Alberto Brenes presentaron el jueves anterior una acción de inconstitucionalidad contra dicha normativa.
Los ambientalistas alegan que la disposición del Ejecutivo “atenta contra el derecho a un ambiente sano y equilibrado, contra el derecho a la Salud, la vida y la protección del paisaje, así como protección a fuentes de agua”.
La resolución, firmada por el presidente Óscar Arias y los ministros de Ambiente y de Vivienda, aumenta hasta en 200 metros a la redonda el límite del anillo de contención urbana, en las fincas por cuyos terrenos se trazó ese borde.
El cordón de contención urbano establece el límite de las zonas donde se puede construir con aquellas donde no es conveniente hacerlo.
Este anillo se estableció en 1982, con el objetivo de salvaguardar las nacientes de agua y bosques.
En esa oportunidad se acordó proteger 474 kilómetros cuadrados de la GAM, cuya extensión total es de 1.967 kilómetros cuadrados.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) justifica que los nuevos espacios para la construcción son necesarios debido al crecimiento de la población y sostiene que el decreto establece regulaciones para evitar daños al ambiente.
La oposición al decreto emitido a mediados del mes anterior ya le costó el puesto a Eduardo Brenes, secretario ejecutivo del Consejo de Planificación Urbana.
Brenes dirigió el Prugam, proyecto que define las políticas del ordenamiento urbano de la GAM para los próximos 20 años.
Va de nuevo. Esta es la segunda oportunidad que Sagot y Brenes acuden a los magistrados de la Sala IV para frenar la expansión urbana en zonas protegidas.
El año anterior, ambos lograron que ese Tribunal anulara un decreto emitido en el 2007, que daba aval para construir en esas áreas. En esa oportunidad los magistrados concluyeron que urbanizar en esa zona afectaría “las áreas de recarga acuífera, el patrimonio forestal y el paisaje".
