Fuente: Ana Cristina Camacho Sandoval http://www.elfinancierocr.com
Este viernes 5 de marzo, un grupo de profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR) rendirá su informe sobre “Implicaciones del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, Guanacaste, conocido como Sardinal”.
La comisión especial conformada por 10 especialistas en biología, derecho, ciencias geológicas y psicología entre otras disciplinas inició su investigación en mayo del año pasado en medio de un acalorado debate sobre la conveniencia de ampliar el acueducto en una comunidad que se opone a la inversión aduciendo impactos directos sobre la disponibilidad actual y futura del recurso hídrico. En un extenso informe de 145 páginas, la comisión detalla sus conclusiones y recomendaciones luego de llevar a cabo visitas al sitio, tener audiencias con asociaciones comunales, con las instituciones estatales vinculadas al conflicto (Ministerio de Ambiente, Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, Acueductos y Alcantarillados) y municipalidades.
Revelan las grandes asimetrías entre el desarrollo socio-económico de las guanacastecos y el acelerado crecimiento de las inversiones con megaproyectos turísticos y hoteleros.
En forma general concluye que ha habido una gestión del recurso hídrico deficiente. Indica también que se subestima el tema de radio de interferencia de pozos ni se responde a la duda de cuánto se podrá extraer del caudal, como dudas quedan también del Plan de Monitoreo y Extracción Controlado de las Aguas del Acuífero Sardinal.
Recomendaciones
El informe recomienda a la Contraloría, Defensoría y otros órganos competentes fiscalizar los términos de referencia establecidos por el Comité Técnico pues no se cumplen a cabalidad. Insta a entidades gubernamentales, al AyA y Municipalidad de Carrillo a abrir órganos de procedimientos para estudiar las actuaciones y omisiones de los funcionarios que tomaron decisiones en torno al tema.
También sugiere a estas instancias iniciar procesos de lesividad por el otorgamiento de permisos y patentes dados ilegalmente en torno al acceso de agua.
Demanda también al Poder Ejecutivo a garantizar acceso al agua en cantidad y calidad suficiente tomando en cuenta que las poblaciones están por encima de los desarrollos turísticos, hoteleros y comerciales. Se actuó irresponsablemente por parte de AyA y del Minaet.
Además, este Poder deberá actualizar el marco jurídico para la gestión del recurso hídrico mediante un proceso participativo con la comunidad.
