Escrito por Vinicio Chacón (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) en semanario.ucr.ac.cr
Químicos fungicidas estarían siendo rociados sobre la población y fuentes de agua, mientras que empresas sostienen que son respetuosas de la ley.
La fumigación aérea por medio de una avioneta sobre plantaciones de banano tiene preocupados a los vecinos de Playón Sur de Parrita, en el Pacífico Central, por los efectos que los fungicidas pueden tener sobre la población y las fuentes de agua.
Así lo manifestaron a UNIVERSIDAD los empresarios estadounidenses Robert Hunter, especialista en toxicología ambiental y química analítica, y el biólogo Kent Nelson, quienes el pasado lunes 15 de febrero presentaron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra las empresas Frutas Selectas del Trópico S.A. y Servicio Nacional de Helicópteros SRL.
La primera es la propietaria de las plantaciones de banano, mientras que la segunda es la contratada para realizar la fumigación por avioneta, a partir de una pista de aterrizaje de la bananera.
Según el texto del amparo, la fumigación aérea que “de forma indiscriminada y sin ningún reparo realiza vuelos y fumigaciones en sitios no autorizados, por ejemplo sobre la escuela, el EBAIS y las viviendas de la comunidad de Playón Sur, Jicote, La Palma, Los Ángeles y El Tigre, todos del cantón de Parrita”.
Por su parte, representantes de la empresa Servicio Nacional de Helicópteros se aseguró que toda la operación se hace con apego a la ley (Ver recuadro Somos respetuosos de la ley)
El recurso también incluye a la Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), pues los recurrentes consideran que esas instituciones no han cumplido con las labores de control que les competen.
Los estadounidenses son propietarios de un proyecto de conservación que consta en un 50% de bosque primario donde habitan especies importantes como la lapa roja y el mono tití, que se encuentran declarados como especies en peligro de extinción. Esa propiedad limita con la finca San Gerardo de Frutas Selectas S.A.
Hunter explicó a UNIVERSIDAD que la empresa Frutas Selectas del Trópico en el pasado se dedicó al cultivo de la piña, pero a finales del 2008 cambió su producción a banano. “En enero del 2009 empezó la fumigación diaria con avioneta, entre dos horas y media y tres horas todos los días”, apuntó.
“La avioneta pasa por afuera de la finca y sobre áreas de población, que incluye escuelas, EBAIS y casas, no respetan las zonas de amortiguamiento que establece la ley cerca de caminos, fuentes de agua, propiedades vecinas o el mismo bosque”, sentenció.
Hunter además informó que existe una quebrada que luego de pasar por su propiedad, “continúa por la de la bananera, ahí es rociada y luego pasa por la comunidad de Jicote, por un manglar y finalmente llega al mar”.
CONTAMINACIÓN
De acuerdo con el texto del recurso de amparo, la empresa Frutas Selectas del Trópico S.A., opera dos plantaciones bananeras ubicadas en Parrita, Puntarenas. La finca San Gerardo está ubicada en Playón Sur, mientras que La Flor se encuentra en La Palma.
El recurso dice que “ambas fincas iniciaron la operación de una pista de aterrizaje para fumigar el banano, sin contar con los permisos exigidos por ley” y añade que los vuelos de fumigación se realizan todos los días a partir de las 5 a.m.
Ese documento destaca que el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un análisis de residuos de plaguicidas en las fuentes de agua de las comunidades afectadas por las fumigaciones aéreas, “ya que nadie en la comunidad sabía a qué agroquímicos estaban siendo expuestos”.
Según esa información, el CICA determinó que el pesticida utilizado en las fumigaciones aéreas es denominado Imazalil. “Investigaciones de la UCR han demostrado que es tóxico para los seres vivos y es cancerígeno”, pues sus componentes “facilitan la acción de este plaguicida sobre el ADN de los
seres humanos”, destaca el texto.
“Diversos estudios de la Unión Europea señalan que dicho químico es un disruptor endocrínico que puede causar efectos adversos en la reproducción humana”, añade.
En ese sentido, la acción legal puntualiza que existen diversas constancias médicas emitidas por la Clínica de Parrita de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), las cuales “demuestran que personas de las comunidades vecinas a la empresa (...) han sido intoxicadas con agroquímicos por la avioneta operada por Servicio Nacional de Helicópteros SRL”.
Añade que esa intoxicación ha provocado “prurito, picazón, alergias y otros síntomas de efectos agudos inmediatos, pero cuyos efectos crónicos en el largo plazo aún desconocemos”.
A la preocupación por el efecto de la fumigación sobre las personas y las fuentes de agua, Hunter añadió que “el ruido es una forma de contaminación y la avioneta no cuenta con reductor de sonido, pasa diez o 15 metros sobre las casas y el ruido es muy fuerte”.
DERECHOS HUMANOS
Por su parte, la abogada Gabriela Cuadrado, representante legal de los norteamericanos, destacó que en las comunidades afectadas hay “una gran organización”; además presentará una coadyuvancia al recurso de amparo, “hay muchos vecinos disconformes” y añadió que ya las asociaciones de desarrollo integral de las comunidades parriteñas de Loma y Los Ángeles, así como varias empresas de la zona han explicitado su oposición a las fumigaciones.
Cuadrado mostró una copia de una denuncia presentada por el ciudadano Dani Céspedes, quien fue rociado por la avioneta sobre la vía pública mientras transportaba en su vehículo varios productos como piña, papaya o sandía, lo cual le produjo una pérdida de al menos ¢200.000, según el texto de la denuncia.
“Si las denuncias y la acción de las instituciones no son efectivas, la gente perderá la fe en el sistema”, lamentó.
Tras insistir que en la Dirección General de Aviación Civil “no consta ningún registro de la pista de aterrizaje que están usando”, destacó que en abril del año pasado, mediante el oficio OA-0562-09, esa institución estableció entre otras cosas que “los pesticidas caen sobre las propiedades, casas de habitación (…) con la consecuente afectación del río y/o las tomas de agua de la zona”.
Por esas razones, suspendió “todo tipo de operación en el campo de Playón Sur de Parrita hasta tanto no cuente con los requerimientos”.
Sin embargo, poco después, el 7 de marzo, la misma institución le concedió a la empresa un permiso temporal de operación por tres meses, mediante el oficio OA-0641-09.
Al respecto, Hunter destacó que ese permiso temporal ya tiene varios meses de vencido, pero los vuelos continúan “a pesar de que hemos acudido a instituciones como el Ministerio de Salud o la Municipalidad de Parrita”.
El también estadounidense Kent Nelson destacó la riqueza biológica de la zona y su importancia como hábitat de sobrevivencia para las especies de monos.
De acuerdo con los estadounidenses, la empresa bananera es propiedad de un grupo de interés económico de una poderosa familia guatemalteca, denominado Grupo Molina.
Ellos además mostraron un material audiovisual en el cual constan testimonios de vecinos de las comunidades afectadas, quienes se quejan de una “picazón muy seria” y de incidencia de asma, entre otras cosas.
Por su parte, Cuadrado lamentó que cuando “hay gente que cree que puede perder su trabajo, siempre se da la misma manipulación con el temor de las personas”.
Al respecto, enfatizó que “lo que buscamos no es que la empresa deje de funcionar, sino que se respeten los derechos humanos de las personas, que la gente no sea fumigada, que no se contaminen las fuentes de agua y que no se haga tanta bulla”.
“Somos respetuosos de la ley”
El lunes 22 de febrero, poco antes de las 10 a.m., en la empresa Servicio Nacional de Helicópteros la consulta de UNIVERSIDAD fue atendida por Eduardo Baltodano quien, a pesar de indicar que no estaba autorizado para dar declaraciones, manifestó que ya la Dirección General de Aviación Civil ha visitado el sitio y que “todo ha resultado en que somos respetuosos de la ley”.
Tras señalar que “ya sé por dónde van ustedes”, se comprometió a buscar “una cita” con algún alto funcionario de la empresa, aunque no hubo oportunidad de darle los datos de contacto de este redactor.
También se buscó al gerente general de Frutas Selectas del Trópico, René Rivas, pero no fue posible contactarle en las oficinas de la empresa en Parrita.
Sin embargo, en el material audiovisual que Robert Hunter y Kent Nelson mostraron a UNIVERSIDAD, consta que a una reunión comunal sobre el tema se hicieron presentes varias personas de la empresa, entre ellas el químico Rodolfo Archon.
Archon manifiesta ante el público y la cámara que “desgraciadamente en la industria agrícola y principalmente bananera, los costos son muy importantes. Existiendo leyes y reglamentos que deben ser aplicados, es un poco demagógico empezar a hablar de que debemos empezar a usar otros sistemas y demás porque no es aplicable. Desgraciadamente, las plantaciones de banano requieren una cantidad muy grande de fungicidas, sino no hay producción y no tiene ningún sentido tenerlas y no hay otra forma más económica de aplicación que ésta”.
