Escrito por Javier Córdoba Morales semanario.ucr.ac.cr
El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), René Castro, considera urgente e indispensable para el país contar lo antes posible con el Proyecto Hidroeléctrico (PH) Diquís que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la zona sur del país.
Castro fue uno de los panelistas invitados a un foro sobre este tema, organizado por la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), en el que también participaron el especialista en derecho internacional, Nicolás Boeglin; el geólogo de la UCR, Allan Astorga; y el ingeniero forestal del ICE, Elías Alfaro.
Tanto Castro como Alfaro defendieron la necesidad que tiene el país de contar con la energía “renovable” que brindaría el PH Diquís a partir del 2018, mientras que Boeglin y Astorga abogaron por un proceso más participativo de las comunidades y del resto del país, en el planeamiento y supervisión de este megaproyecto.
ECODESARROLLO
El ministro Castro aseguró en su intervención que el país decidió no seguir el camino “tradicional” hacia el desarrollo, como sí lo hicieron Europa y Estados Unidos en su momento, y ahora Brasil o Chile, basando sus economías en la explotación de recursos naturales.
Criticó que en Costa Rica son muchos los sectores que dicen qué modelo no quieren seguir, pero no son propositivos y no señalan cuál camino es el correcto; por lo que consideró “gente no educada” a quienes no hacen propuestas en este sentido.
“La vía es el ecodesarrollo. Este se basa en que uno dé igual peso a las dimensiones económica, social y ambiental. Toda política pública tiene que balancear estos elementos”, afirmó Castro.
En su opinión, este balance es posible y puso como ejemplo el trabajo de Coopedota, cooperativa cafetalera que logró convertir en “carbono neutral” todo su proceso de producción, lo que con el paso del tiempo le dará una posición de ventaja frente a su competencia.
Advirtió que el país tiene “serios problemas” con su consumo de hidrocarburos, por lo que si pretende mantener su meta de ser una economía “carbono neutral”, necesita completar el plan de proyectos hidroeléctricos que tiene el ICE.
En los datos del ICE presentados por Castro, se muestra cómo el país podría eliminar el consumo de hidrocarburos para producir electricidad en los próximos años, si concluyen grandes proyectos como Diquís y Reventazón.
Sin embargo, la grafica también mostró que Costa Rica agotaría su potencial de generación con las energías “tradicionales” para el 2030; por lo que se espera que en los próximos años se desarrollen nuevas tecnologías, que permitan garantizar el suministro en los años siguientes.
“Hay que ganarse la voluntad de la comunidad para hacer Diquís. Si decimos que no, vamos a tener que seguir aumentando las emisiones con hidrocarburos, generado más salida de divisas, e iremos al revés de la dirección que queremos, de una economía más verde y solidaria”, comentó.
FALTA CONFIANZA
Mientras tanto, el geólogo y exjerarca de la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA), Allan Astorga, aseguró que el proyecto Diquís se pretende aprobar “a golpe de tambor”, sin realizar una adecuada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y sin tomar en cuenta a diversos sectores del país, para que decidan sobre su futuro energético.
A su parecer, el proyecto Diquís requiere un mayor análisis, pues lejos de lo que se pretende hacer pensar a la gente, el área de influencia va más allá de la sala de máquinas y el embalse que se pretende construir, y se deben valorar todos sus impactos.
Astorga, especialista en sedimentología, también señaló la necesidad de que se valore el daño que va a sufrir el humedal Térraba-Sierpe con la construcción del proyecto, y hacer un balance del costo-beneficio que este tendrá.
“Los mismos datos del ICE dicen que con el proyecto los sedimentos del río Térraba al humedal se van a disminuir en un 50%, y los sedimentos son el sustento para el equilibrio del humedal, porque es un delta. Si eso no se sostiene, es muy probable que entre en un proceso de deterioro”, explicó.
Astorga también indicó que las actuaciones recientes de entidades como la SETENA, no generan confianza en la población; y puso como ejemplo una resolución en la que este ente da permiso al ICE para que le presentara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de manera fragmentada, cuando este instrumento debe ser estudiado de manera integral.
“Desde el punto de vista legal, el Gobierno definió una declaratoria de interés nacional, sin tener un solo estudio de impacto ambiental para Diquís, y le dice a SETENA que tiene que dar la aprobación del EIA en cinco meses”, cuestionó.
Otra de las críticas de Astorga tiene que ver con que la Ley Orgánica del Ambiente establece que “el interesado, el autor del Estudio y quienes lo aprueben, serán directa y solidariamente responsables por los daños que se causen”, lo que según el especialista, supondría que las tres partes sean distintas.
No obstante, en el caso del Diquís, el ICE es el interesado, es el autor de su propio Estudio de Impacto Ambiental, y también tiene participación en su aprobación, dado que cuenta con un representante ante la SETENA.
Astorga también instó a que el proceso de este proyecto tenga una mayor participación comunal y ciudadana, ya que se trata de un tema que es de interés para todos los costarricenses.
LARGO PROCESO
Por su lado, el ingeniero del ICE, Elías Alfaro, también expuso la necesidad que tiene el país de concretar el proyecto Diquís, ante la creciente demanda de energía y ante la falta de otras alternativas o de un cambio significativo en los patrones de consumo.
Alfaro destacó que Diquís es un proyecto “mejorado” y que ha tenido un largo proceso de rediseño para reducir sus impactos, pues inicialmente se había planteado como el PH Boruca, que era de mayor envergadura.
Reconoció que tendrá impactos como la eliminación de bosque en la zona de inundación, reducción del hábitat vinculado con esas coberturas boscosas, requerimiento de aéreas situadas en territorios indígenas, la inundación de un tramo de la carretera Interamericana, la extracción de materiales del río y el desplazamiento de poblaciones, entre otros.
Sin embargo, también citó impactos positivos como la generación eléctrica con fuentes renovables, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que se va a reasentar, mejoras en la infraestructura vial y provisión de servicios públicos, reforestación en terrenos con fuerte deterioro ambiental, y la capacitación laboral para la población de zonas aledañas.
“A RENÉ CASTRO LE CAE BIEN CARTAGO”
Por su parte, el especialista en derecho internacional, Nicolás Boeglin, hizo notar en tono irónico que al ministro Castro “le cae bien la zona de Cartago”, en vista de que sí asistió a este foro organizado por el TEC, pero no hizo lo mismo cuando fue invitado por la Universidad Nacional y la UCR.
Boeglin expresó que “no es posible” que sean cuatro funcionarios de un gobierno los que decidan qué es de “conveniencia nacional” mediante un decreto, e indicó que en el proceso de Diquís se están cometiendo los mismos errores que en la tramitación del proyecto minero Las Crucitas.
Invitó al ICE para que participe de sus análisis a las escuelas de Antropología y Sociología de la UCR, pues señaló que pese a que en muchos casos los profesionales a cargo de estos proyectos son graduados de las universidades públicas, se omiten detalles para acelerar los proyectos.
“No digo que estos profesionales pierden la ética; solo que –por ejemplo- si le hubiesen enseñado al LANANMME de la UCR los diseños de corte de taludes de la carretera a Caldera, nos hubiéramos evitado algunos “bombazos”, aseveró.
Castro respondió a Boeglin que estaría dispuesto a asistir a la UCR si es invitado a un “debate serio”; el profesor universitario le aseguró que las puertas están abiertas para hablar de Diquís y otros temas de interés ambiental.
