Henry Picado Cerdas y José Julián Llaguno Thomas Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica en diarioextra.com

En la Asamblea legislativa se tramita el proyecto de ley 17218, que cambiará radicalmente la forma de administrar las tierras cultivables en manos del Estado. La propuesta de transformar el IDA al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) generará mecanismos para adjudicar y arrendar tierras a entes privados y no para familias campesinas. El cambio lo justifican bajo el argumento de la "competitividad", eufemismo con el que llaman a los procesos de apertura y liberalización económica.

Mientras la explotación de tierras cultivables enfrenta grandes procesos de concentración y acaparamiento por parte de multinacionales productoras de frutas como Del Monte y Dole, el gobierno, acatando disposiciones del Banco Mundial, propone no ofrecer más títulos de propiedad a pequeños agricultores de manera directa.
Con este proyecto se plantea cambiar la forma de adjudicar las parcelas a las personas que deseen tierra para trabajarla. Hasta el momento se le otorgaban tierras a campesinos y campesinas mediante un mecanismo de selección, o en el peor de los casos, por medio de actos clientelistas derivados de los comicios electorales locales o nacionales (cosa que no se plantea cambiar en la nueva legislación). Pero los campesinos gozaban de seguridad, ya que se les otorgaban derechos sobre un determinado trozo de tierra que, luego de 15 años, pasaba a ser un bien del productor o productora. Ahora se plantea otorgar contratos de arriendo por períodos de 5 años, en los que las familias campesinas quedan sumergidas en la incertidumbre.
Con esto los nuevos asentamientos campesinos quedan marcados por una inseguridad jurídica, ya que el gobierno podrá sacar a los campesinos y campesinas de estas tierras en el momento que lo desee, amparado en parámetros del Plan de Desarrollo Rural, y basado en indicadores de “competitividad” y “aprovechamiento de las ventajas comparativas”, que por lo general no son compatibles con la agricultura campesina, que se basa en la biodiversidad, el cuidado de los suelos y el manejo de bosques y no puede ser medida por parámetros ligados al mercado global.
Portillo legal. Un cambio importante viene a ser el enfoque conceptual, que pone a disposición de la inversión privada bienes públicos. No solo representa una nueva forma de concebir las políticas públicas para el sector agrícola, sino que plantea una gran incertidumbre sobre el manejo de tierras de dominio público, poniéndolas al servicio del sector privado.
La ley no aclara de ninguna forma cómo se darán este tipo de adjudicaciones, solo abre un portillo legal para justificar lo que ya se viene dando desde hace años con las tierras del Estado: se prefiere ponerlas al servicio de empresas del monocultivo y no en manos de campesinos y campesinas. En 2010, el IDA asignó (de manera ilegal) parcelas de asentamientos campesinos para la producción de piña a una empresa agroexportadora. Esto lo denunciaron vecinos y vecinas de Guatuso, colindantes con el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro.
Tampoco quedan claras las alianzas de inversión público-privadas. Este proyecto de ley (apoyado por la mayoría de diputados), menciona que uno de sus fines será “Promover las alianzas público-privadas necesarias y facilitando los esquemas de coinversión”. Sin aclarar la forma de operación de esta ley, queda otro portillo abierto para el gran capital financiero que invierte grandes sumas de dinero en América Latina, y que viene generando un clima de especulación y acaparamiento de tierras y producción de alimentos.
Modelo insustentable. La discusión sobre Propiedad Intelectual en Costa Rica nunca es tema de debate nacional, debido a que el gobierno intenta ocultarlo siempre que puede. Así, se implementaron los tratados internacionales de UPOV91 y Budapest, como parte del CAFTA. Estas leyes de implementación del TLC chocaban con la Ley de Biodiversidad (Ley 8877), la cual fue modificada de facto por medio de decretos ejecutivos en 2008, en el gobierno de Óscar Arias, para garantizar la bioprospección y el patentamiendo de la biodivesidad.
No es gratuito que el proyecto de ley 17218 que hemos reseñado abogue por “facilitar a los pobladores rurales el registro y la protección de su conocimiento ancestral, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y de las innovaciones”. Estos mecanismos ponen en riesgo a quienes utilizan y comparten semillas campesinas y los saberes asociados a ellas, ya que el país está sujeto a legislaciones que facilitan el patentamiento de la vida.
En general, este cambio en la institucionalidad del sector agropecuario costarricense apunta hacia un modelo excluyente e insustentable, con más obstáculos para las comunidades campesinas, lo que agravará la crisis del agro costarricense.