El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES). El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.
En esta ocasión profundizamos el análisis del informe Legislativo sobre el FEES y autonomía universitaria.
Participarón Dra. Isabel Avendaño Flores, Decana, Facultad de Ciencias Sociales y Ana Catalina Chavez Arias, Presidenta FEUCR.
Análisis de la coyuntura actual de la pandemia. Esta vez desde posibles lecturas que nos brinda la Geografía. Para ello conversamos con el Dr. Pascal Girot, actual director de la Escuela de Geografía.
"el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP nos invitan a conocer y ser parte del Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra para problematizar este contexto que nos interpela a todos y todas, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados con el origen, propiedad y gestión de los bienes comunes."
¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Sor Juana Inés de la Cruz
Nuestro contexto está siendo remodelado por una de las mayores crisis de las que podamos tener memoria, tanto por sus afectaciones inmediatas, como por las consecuencias que llegará a extender en nuestras formas de relacionarnos. Sin embargo, algo desafía las condiciones actuales, lo común se muestra como un pilar que está defendiendo la vida, por esta razón es importante pensar cómo lo común está presente en nuestras relaciones y espacios.
Podemos empezar visitando nuestras memorias socioecológicas, ahí recordamos escuchar historias sobre los bosques, los ríos, los parques y cómo a partir del vínculo con esos entornos surgieron saberes y prácticas que enriquecieron nuestras experiencias. También en nuestro contexto ante la incertidumbre que nos envuelve o las amenazas que aparecen ante la escasez, lo común se presenta como fundamental para garantizar la vida. Una de sus dimensiones son los bienes comunes, que se evidencian como indispensables para la reproducción de la vida misma.
Este miércoles estaremos conversando sobre las implicaciones a nivel laboral que ha tenido el Covid-19, un virus que ha venido de alguna manera a “paralizar” la economía y de la mano con el capitalismo, ha dejado una serie de consecuencias que pueden ser graves a mediano plazo para las personas trabajadoras.
Para esto, nos acompañan el día de hoy a través de Zoom:
• Mauricio Castro, profesor universitario, Doctor en Derecho Laboral
• Jouseth Chávez Rodríguez, Secretario General de SITRASEP y miembro del PT.
Compartimos esta iniciativa, que tiene como propósito, conocer las implicaciones comunitarias, familiares, laborales y socioproductivas para los territorios indígenas, campesinos y costeros, así como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la pandemia por el virus Covid-19.
El priorizar políticas para la intensificación de la agroindustria y de las cámaras empresariales ha venido acompañado del debilitamiento de las condiciones de las comunidades para potenciar la agricultura y la producción de alimentos a escalas familiares y comunitarias. Esto ha implicado que cada vez más personas campesinas se acerquen a los trabajos en empresas productoras de monocultivos como piña, banano y palma, generando también un cambio en las economías familiares, que en ocasiones pasan a depender en mayor medida del trabajo asalariado.
Tal y como diversas comunidades lo han comentado, la llegada de estas empresas ha provocado, además de este, impactos en la cotidianidad de las personas, como la exposición a agroquímicos, el mal estado de los caminos por el peso de la maquinaria, la contaminación de fuentes de agua y un sistemático incumplimiento de derechos laborales.
Sin embargo, el contexto de pandemia que se encuentra atravesando el mundo pone nuevas discusiones sobre la mesa y evidencia aún más las desigualdades que venían sucediendo y que se intensifican. En los últimos meses, a raíz de la pandemia, ha habido afectaciones a gran escala en el sector trabajador; según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el contexto del COVID-19 se reporta el 81% de la fuerza de trabajo mundial con afectaciones totales o parciales. Para el caso de Costa Rica, según el informe de del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estimó que unos 200 mil empleos serán afectados y que el desempleo pasaría de un 12% a un 19%. En el caso del sector agrícola, específicamente el de producción de piña, se reporta pérdidas principalmente en la Zona Norte del país, que es donde se concentra el 49% de esta producción. Según informes del presidente de la Cámara Nacional de Productores y exportadores, ha habido una afectación en el 38% de la piña, la cual está teniendo problemas de comercialización en Estados Unidos y Europa.
No obstante, a pesar de que se presenta un nuevo contexto para la economía, es necesario recalcar que aún en los momentos de mayor producción y exportación de esta fruta las condiciones de trabajo se han desarrollado bajo un constante incumplimiento de derechos. Eso se ha visto reflejado en las reiteradas denuncias y huelgas que se han realizado a lo largo de años.
Sin embargo, las condiciones han tendido a profundizarse y hacerse más evidentes con la pandemia. El Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep) se encuentra denunciando que en momentos de emergencia sanitaria hay empresas piñeras en la Zona Norte del país que en su conjunto tienen hasta 750 trabajadores sin seguro, las cuales continúan incumpliendo sus deberes patronales. Por otro lado, se reporta omisión por parte de las empresas de las normas básicas del Ministerio de Salud y el equipo necesario para las medidas sanitarias y laborales.
Esta crítica situación preocupa en mayor medida debido a las características socioeconómicas que reúne la Región Huetar Norte. Según Mideplan, la actividad agropecuaria es la más importante en la región, puesto que en este sector trabaja cerca del 35% de la población. Por su parte, Morales y Segura (2017), basadas en el Censo Agropecuario del 2014, señalan que “hay una relación directa entre pobreza, empleo agropecuario y extensión agropecuaria” (p.226).
Por otro lado, la presencia reiterada de bajas calificaciones en índices como el de Desarrollo Social de Mideplan y el de Competitividad Cantonal del Observatorio del Desarrollo de la UCR, son muestra de la condición de vulnerabilidad en la que se ha colocado a las regiones fronterizas y costeras del país. Oportunidad que ha sido aprovechada por la agroindustria de la piña, la cual ha captando mayores rentas a partir de su creciente control del mercado de trabajo, del acceso a mano de obra transfronteriza y del incumplimiento de derechos laborales.
Este periodo de crisis puede dar paso a un sinfín de debates entorno a manejos y decisiones políticas y también a cómo repensar las relaciones con otras personas y la naturaleza. Lo cual permite recalcar la importancia de la soberanía alimentaria y las formas de producción de alimentos frente al modelo agroexportador que nos han vendido las élites político-económicas del país. Así como abrir discusiones alrededor de las grandes desigualdades que existen entre las regiones fronterizas y costeras y lo que conocemos como la GAM. Pero definitivamente, lo que nos debería de ocupar hoy, en el corto y mediano plazo, son las respuestas que desde lo local se pueden articular para hacer frente a la crisis, y que ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema.
Agradecemos a todas la Unidades Acádemicas que nos han hecho parte de sus espacios: CIEP UCR Facultad de Ciencias Sociales Escuela De Ciencias Políticas Escuela de Trabajo Social UCR Escuela De Antropologia Ucr Escuela De Geografía
Les compartimos la nueva configuración de los proyectos del Programa Kioscos, organizados por las Unidades Académicas en donde cada proyecto está inscrito.
Medio Ambiente Por EFE miércoles 22 de abril, 2020
El Nuevo Diario, San José.– La urgencia de avanzar hacia sistemas económicos más verdes, que promuevan la seguridad alimentaria y la participación social, es una de las advertencias que está generando la pandemia del COVID-19, afirmó a Efe el ecologista Mauricio Álvarez en el marco del Día de la Tierra.
“Hay que aprovechar este momento histórico para sentar las bases de un sistema económico más ecológico, más consecuente con el discurso verde, con más soberanía alimentaria, menos dependiente de dinámicas externas, que se base en la protección de ecosistemas, la justicia y la participación social”, afirmó Álvarez.
El coordinador del programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica explicó que a nivel mundial la pandemia está dejando en evidencia la necesidad de generar institucionalidad y políticas “que pongan en el centro el bienestar de las personas y la relación equilibrada con el ambiente”.
Según Álvarez, una meta debe ser avanzar en la aplicación de la economía circular, un sistema autosuficiente que no dependa del excesivo consumismo y el mercado.
“La crisis está demostrando que la gente puede vivir con menos consumo y de manera más sostenible. Hay una relación directa entre nivel de consumo y estado de los ecosistemas”, afirmó.
Costa Rica, un país que alberga el 6% de la biodiversidad mundial, que protege casi una tercera parte de su territorio y que es reconocido a nivel internacional por sus políticas ambientales, enfrenta diversos retos para mejorar la gestión y protección de sus recursos.
Según el ecologista, el discurso verde del país no es consecuente con las institucionalidad que posee, la cual considera que no es fuerte.
“La concentración de la riqueza genera una degradación de sistemas naturales. El sistema económico neoliberal ha profundizado la crisis socioambiental que se expresa a través del cambio climático o el agotamiento del agua. Ha producido un incremento del ritmo de la explotación de los recursos naturales”, expresó.
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Por su parte, la Federación Ecologista (Fecon) de Costa Rica anunció que está trabajando con diversas organizaciones para plantear al Gobierno propuestas para la reactivación económica posterior a la pandemia del COVID-19.
“Hemos hecho énfasis en que es momento para impulsar un plan de recuperación económica reorganizando el modelo de producción de alimentos. Hay que fortalecer la participación y articulación comunitaria entre pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y grupos pesqueros, apoyando primordialmente las prácticas ecológicamente sanas”, destacó la Fecon en un pronunciamiento.
Según la federación, uno de los puntos primordiales debe ser la “recuperación de la soberanía alimentaria”, pues considera que los diversos tratados de libre comercio firmados por el país, “ahogaron la producción local de alimentos” y han generado “indefensión” ante el impacto internacional de la crisis de salud.
“Ahora más que nunca consideramos necesario detener las propuestas que aceleren la liberalización económica en Costa Rica. Esta crisis sanitaria internacional demuestra que es un modelo (económico) absolutamente dañino para la naturaleza e incapaz de garantizar la protección y el bienestar social de los pueblos”, concluyó la organización. EFE
Marisol Rapso & Mauricio Alvarez (Consejo De Programas De Acción Social)
Es en este contexto que le solicitamos al CU que extienda dicho plazo a un mes adicional a partir de la normalización del quehacer en nuestra Universidad. Así podrá enriquecerse la propuesta con la consulta necesaria y este Consejo tendrá un insumo adecuado y consensuado con los beneficiarios de los Programas, para fortalecer el accionar de estos importantes espacios que tienen la función de oxigenar y retroalimentar a través de acción social, la investigación y la docencia, trabajando prioritariamente con poblaciones y espacios vulnerabilizados de nuestro país.
Los Programas Institucionales de Acción Social son instancias que aportan desde hacen más de tres décadas a la articulación entre la Universidad y la Sociedad; además, actúan como catalizadores dentro de la misma universidad e instituciones estatales, tejiendo una red de incidencia que se hace evidente en los éxitos y reconocimientos recibidos.
Por casualidad, nos enteramos en diciembre pasado que se estaba creando un Reglamento (R-273-2019) para regular los Programas Institucionales sin tomarnos en cuenta, según se publicó en el Semanario Universidad (03-12-19). El Reglamento propuesto no retoma nuestra experiencia o aprendizajes, más bien busca anexar y centralizar los nuevos programas a la Rectoría. Al mismo tiempo, de manera irreflexiva y sin esperar a la finalización del proceso de consulta al Reglamento, se empezó a generar una serie de medidas administrativas y unilaterales para sacar a los programas de la Vicerrectoría de Acción Social.
Desde ese momento, nos hemos organizado para dar respuesta a la propuesta del Consejo Universitario con respecto a los Programas institucionales, al mismo tiempo que se nos exige que cumplamos con medidas que buscan anexar los Programas a las unidades académicas. Esto implica que los Programas se vuelvan disciplinares al imponer términos administrativos que entorpecen los procesos de trabajo multidisciplinarios de los mismos.
Esta propuesta tiene entre sus justificantes reuniones con algunos programas realizadas en 2011 y 2013 con objetivos muy distintos al documento en consulta en el 2019. Es por esta razón, y como una forma de impugnar la misma, que se reactiva la figura del Consejo de Programas de Acción Social, planteado por la anterior vicerrectora de Acción Social.
A la fecha tenemos un documento trabajado desde los Programas de Acción Social, el cual es fundamental compartir con nuestras poblaciones, comunidades y personas usuarias. Algunos programas –como el caso de Kioscos–, por las nuevas regulaciones administrativas y recorte de personal, no han podido normalizar sus actividades usuales a la fecha. El PIAM y el Programa de Educación Abierta estaban por iniciar sus cursos en marzo, pero fueron suspendidos debido a la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19. A los Programas no se les autorizó hacer nombramientos de estudiantes en verano y para el I ciclo 2020, se bajaron las horas asistentes o se cambiaron por horas estudiante, otros tuvieron cambios en el número de plazas que dejaron a los funcionarios sin vacaciones y sufrieron rebajas en sus presupuestos de apoyo.
Entre las actividades que programamos para darle contexto a esta discusión están debates, programas de radio, foros, pasacalles y otras actividades. En una ocasión invitamos a la actual vicerrectora de Acción Social a debatir públicamente sobre la situación de la acción social, pero declinó su participación. Finalmente, algunas de estas actividades tuvieron que suspenderse por la emergencia nacional; en ese caso, la idea inicial de consensuar esta propuesta alternativa de Reglamento con la comunidad universitaria, los sectores y poblaciones directas de los diferentes Programas no ha sido posible.
Sin embargo, los plazos de consulta establecidos por el Consejo Universitario, a pesar de esta realidad que como país nos afecta, transcurren sin ningún cambio; es decir, a pesar de la suspensión de labores establecida en la Universidad y de la reorganización de muchas de las actividades programadas, la fecha del 31 de marzo sigue aplicando como el plazo límite para esta consulta. Sin poder informar a todas las personas usuarias de nuestros Programas, principales interesados de esta consulta, del contenido final de la propuesta trabajada.
Es en este contexto que le solicitamos al CU que extienda dicho plazo a un mes adicional a partir de la normalización del quehacer en nuestra Universidad. Así podrá enriquecerse la propuesta con la consulta necesaria y este Consejo tendrá un insumo adecuado y consensuado con los beneficiarios de los Programas, para fortalecer el accionar de estos importantes espacios que tienen la función de oxigenar y retroalimentar a través de acción social, la investigación y la docencia, trabajando prioritariamente con poblaciones y espacios vulnerabilizados de nuestro país.